No tengo nada contra los acuerdos. Tengo mis dudas sobre este. El que celebraría se notaría el día en que a los de arriba les costara algo, el día en que el agua le llegara antes al pueblo que a la empresa que hoy tiene derecho a secarlo. Un acuerdo se mide por quién pierde comodidad en él y por quién fue invitado a escribirlo.

“Las reformas constitucionales propuestas amenazan los derechos de los chilenos y ponen en peligro sus instituciones”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, al tiempo que advirtió que "no se ajustan ni intentan ajustarse a las obligaciones internacionales de Chile"

La denuncia presentada por el diputado Juan Santana apunta a las actividades desarrolladas por el operador político de la ultraderecha en Chile y las eventuales conexiones con el entorno de Kast, tomando en consideración que la Fiscalía todavía aún ha abierto una causa por estos hechos

A través de un requerimiento, 10 diputados de la oposición advierten a la CIDH que la reforma constitucional impulsada por Kast “es incompatible con un sistema democrático y pone en serio riesgo la protección de los derechos humanos”, por lo que le solicitan que se pronuncie

Víctima fue detenida en San Bernardo en octubre de 1974, siendo trasladada al centro de detención clandestina de la DINA conocido como ‘Ollagüe’, ubicado en calle José Domingo Cañas (Ñuñoa). Ahí fue encerrada e interrogada sobre las actividades y el paradero de su cónyuge, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), sufriendo apremios ilegítimos tales como golpes en distintas partes del cuerpo, quemaduras con cigarrillos, desnudamiento y aplicación de electricidad.

Estos 11 parlamentarios caminaron sobre las ruinas de la dignidad humana y aplaudieron con indiferencia el dolor de los inocentes, cambiando el honor de representar a un pueblo solidario por el efímero aplauso del opresor.

El emplazamiento se suma a la denuncia presentada en 2025 por Manouchehri y Cicardini ante el Ministerio Público por presuntas redes de hostigamiento, desinformación y cuentas coordinadas vinculadas al Partido Republicano, acción que buscaba indagar eventuales delitos informáticos, asociación ilícita u otros ilícitos asociados a campañas digitales contra adversarios políticos.

Instrumentos ya completaron las principales etapas de su tramitación reglamentaria y fueron aprobados por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Su publicación quedó pendiente al ser retiradas del trámite de toma de razón ante la Contraloría, junto a otros 41 decretos ambientales, el 12 de marzo pasado, una vez asumido el actual gobierno de José A. Kast.

Desde La Pintana, la alcaldesa Claudia Pizarro calificó la situación como de "máxima gravedad": "Ya somos muchos los alcaldes que hemos sido amenazados por hacer nuestro trabajo, y vemos que la situación empeora cada vez más. Es inaceptable".

Se trata de Patricio Löhr, quien es además presidente del Tribunal Supremo Regional del Partido Republicano. Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil acusaron eventuales faltas a la probidad, tráfico de influencias y negociación incompatible, tras lo cual el delegado presidencial regional, Cristian Sayes Maldonado, anunció que "como Gobierno tomamos las acciones que corresponden en este tipo de situaciones. Y, por lo tanto, ya se le pidió la renuncia".