Reconocer a quienes defienden el medio ambiente no es solo un acto simbólico: es parte de las condiciones necesarias para avanzar hacia entornos más seguros para quienes defienden derechos fundamentales, y hacia una democracia ambiental que pueda sostenerse en el tiempo.

El Estado debe garantizar lo básico sin excusas, con una voluntad política capaz de sostener, de verdad, a sus estudiantes y a todo el sistema educativo. Mientras existan debates como el actual no estaremos educando, sino más bien, fallando en la construcción del país que estamos forjando.

SENDA, el organismo que trata las adicciones en Chile, depende del Ministerio del Interior. El mismo que manda a Carabineros. Esa no es una coincidencia administrativa: es la decisión política de tratar una enfermedad del cerebro como un problema de orden público. Y lleva 35 años costando vidas.

Breve lectura materialista sobre el poder en Chile La política chilena de estos tiempos se ha enredado en una semántica confusa y ambigua

La historia económica de Europa, EEUU y Chile, nos demuestran que bajar el impuesto a la renta de las grandes empresas no generó mayor inversión y crecimiento, puesto que ha ocurrido lo contrario.

Dos de los hombres más ricos del planeta se acusan mutuamente de traicionar la fundación "benéfica" que crearon juntos. Mientras el tribunal de Oakland asiste al espectáculo, afuera quedan preguntas incómodas: quién controla la inteligencia artificial que ya piensa por mil millones de personas, quién financia a la extrema derecha europea desde su teléfono y por qué la democracia mira hacia otro lado.

El reciente recorte presupuestario de más de $3.800 millones al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) para el año 2026 no es solo una cifra en una planilla Excel; es un acto de violencia institucional. Y lo peor es la lógica paternalista y punitiva que lo acompaña.

El caso de la Usach, con una trayectoria previa en políticas de acceso inclusivo, integró el PACE como continuidad de un modelo institucional ya orientado a la equidad y, desde 2016, la universidad ha titulado a más de 400 estudiantes provenientes del programa. Nuestro despliegue territorial alcanza a más de 20 establecimientos educacionales, consolidando una relación sostenida con comunidades escolares.

Lo que denuncia no es sólo la violencia material, sino también el aparato discursivo que la recubre con palabras nobles. Ahí reside su filo intelectual: desenmascarar el modo en que el imperio ha aprendido a hablar el idioma de la libertad mientras perpetúa la exclusión, la destrucción y el despojo.

En el caso de los reglamentos, el proyecto del gobierno amplía el plazo general para su dictación, estableciendo un periodo de 4 años contado desde su publicación. Esto significa que la dictación de los reglamentos que debía estar concluida en 2025 se retrasa dos años más, para el año 2027, lo cual afectará y paralizará la implementación de la ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).