Las condenas impuestas a los exmilitares comprenden un rango entre los cuatro años y los quince años de privación de libertad. De acuerdo con la justicia, los crímenes forman parte de una política sistemática y generalizada destinada a provocar temor y sumisión en la población civil y desarticular cualquier oposición al régimen de Pinochet.

"Hemos quedado totalmente a la deriva (...), los casos no avanzan y no ha existido una prioridad por parte del Estado en apoyar a las víctimas del estallido", indicó en conversación con El Ciudadano el sobreviviente de violencia militar Carlos Astudillo. Ante el cierre de las causas y la falta de justicia, planteó la necesidad de que se desarrolle una Ley de Reparación Integral.

El Gobierno recibió el esperado informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, con 21 recomendaciones sobre tierras, reparación y reconocimiento, pero sin representantes ancestrales mapuche en la ceremonia.

"La gran tarea por parte de las organizaciones y también de la clase política en pronunciarse y defender las sentencias condenatorias de los tribunales de justicia", afirmó Carlos Astudillo, integrante de la Red Nacional de Sobrevivientes en diálogo con El Ciudadano.

Los asistentes de educación expresaron su rechazo a los dichos del rector interino INBA, Gonzalo Saavedra, quien descalificó a estudiantes con TEA, y plantearon que Chile "no puede dar un paso atrás en el camino de la inclusión y el respeto".

El informe Situación de los Derechos Humanos en el Mundo denunció la criminalización y la discriminación que azota a la población en movilidad humana.

El grupo de 620 abogados chilenos denunció al Estado de Israel y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, por el ataque con drones perpetrado contra una embarcación civil que transportaba alimentos, agua y medicinas para Gaza.

La nueva Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras ubica a Chile en el puesto 69, con un fuerte retroceso en pluralismo informativo, condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo y confianza ciudadana en los medios.

La ceremonia fue interrumpida por Carabineros, que usó gas pimienta y detuvo a varias personas, entre ellas al padre de la comunicadora.

La minera canadiense Aclara interpuso un recurso de protección contra defensores ambientales de Penco por criticar su cuestionado proyecto de tierras raras, acusándolos de dañar su reputación. Los denunciados Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo rechazan los cargos, acusando persecución.