Radio Ayni informa que comunidades aymaras de Tarapacá rechazan la explotación de litio en el Salar de Coipasa, tras la suspensión de la consulta indígena en abril de 2025. Denuncian falta de transparencia y riesgos ambientales en este territorio binacional, vital para su cultura y subsistencia. El proyecto se mantiene mientras tanto en pausa.

Eduardo Engel ha cuestionado duramente la corrupción protagonizada por Ponce Lerou en el pasado, pero ahora la omite mientras defiende los negocios de este con el Estado de Chile —como el acuerdo SQM-Codelco—, utilizando cifras económicas engañosas de un negocio que obtendría eventualmente utilidades. Esta doble moral ha sido una constante en la tecnocracia de la centroizquierda, hoy avalada por el Frente Amplio.

El proceso de Consulta Indígena desplegado por Corfo en relación a los aportes que debe otorgar SQM comenzó a ser cuestionado por integrantes de las comunidades lickanantay. Comuneras sostienen que se busca el consentimiento a la rápida, hubo demora en la entrega de información y se han impuesto tiempos acotados para comprender un acuerdo complejo. Cuentan que al principio no quería dar a conocer los borradores y “querían que tomáramos la decisión a partir de los power point que habían mostrado en las reuniones hechas en las comunidades”.

En entrevista con el director de El Ciudadano, el abogado y especialista en derecho ambiental se refirió a las consecuencias de la explotación del litio desde una perspectiva de protección a las comunidades y los ecosistemas de los salares.

“Vale la pena siquiera preguntarse si es que el Estado chileno debe sostener a una empresa, con este historial internacional, como su brazo derecho en su cruzada por el litio”, señala el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA.

“Nos ofrecieron autos, parcelas y departamentos”, revelan  testimonios de Comunidades indígenas, en el marco del trabajo de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el acuerdo SQM-Codelco,  quienes han denunciado presuntos sobornos, desinformación y fracturas sociales creadas por la empresa de Ponce Lerou.

En el complejo entramado del litio chileno, donde el Estado busca ampliar su control estratégico a través de la empresa Codelco, el nombre de Morgan Stanley ha emergido como una pieza clave -y también polémica- en el tablero. Designado como asesor financiero exclusivo de Codelco en el histórico acuerdo con SQM, el reputado banco de inversión enfrenta ahora serios cuestionamientos sobre un potencial conflicto de interés.

Después de varias peticiones fallidas de la Cámara de Diputados, Codelco envió una copia del contrato que firmó con la consultora Morgan Stanley. Si bien el documento está tarjado en gran parte de sus cláusulas, si hay un dato clave que quedó al descubierto: el encargo era negociar directamente con SQM  y fue firmado el 30 de marzo de 2023.

El informe final de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que examinó el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama, no deja espacio para ambigüedades: el pacto está plagado de irregularidades, falta de transparencia y decisiones sin sustento técnico-administrativo

En un encuentro convocado por Fundación Terram y Fundación Tantí, organizaciones territoriales, expertos y académicos cuestionaron la legitimidad de la Estrategia Nacional del Litio y advirtieron sobre sus impactos socioambientales, exigiendo mayor participación vinculante y decisiones basadas en conocimiento independiente.