Con 96 votos la Cámara aprobó el Informe de la Comisión Investigadora que pide anular el acuerdo SQM-Codelco, dando cuenta de la transversalidad política en el rechazo al pacto con la empresa de los Ponce Pinochet. Apenas hubo 2 votos en contra. Diputados argumentaron que la entrega hasta el año 2060 del Salar de Atacama a SQM, “no se trata sólo de una mala señal, se trata de una oportunidad perdida”. En tanto, el diputado Cristián Tapia solicitó directamente al presidente Boric “que instruya a Codelco a que no se firme este contrato”.

La entramada alianza que promueve y protege el polémico acuerdo entre SQM y Codelco al interior del gobierno tiene su origen en la Corporación Innovación y Democracia, creada en 1998 y entre cuyos socios fundadores figuran Carolina Tohá, Máximo Pacheco y Samuel Donoso, quien fue el enlace para la entrega de 57 millones de pesos de parte de SQM al PPD cuando Carolina Tohá era presidenta de la colectividad.

Afanado en calcular el valor de la naturaleza, el ingeniero en minas Edmundo Tulcanaza advierte sobre los riesgos de no contemplar los elementos naturales del territorio en la actual política minera, lo que acaba destruyendo el valor de un país. Si nos concentramos sólo en el litio se pierde plata, también destaca, llamando la atención sobre el potasio, el boro y otros minerales. “Si estamos siempre marcando el paso y extrayendo concentrado, no nos va a llevar a ninguna parte”.

Con la nominación de la oficina Nueva Victoria con el nombre del ex-yerno de Pinochet, SQM apuesta a cerrar un ciclo coronado con el polémico pacto con Codelco. Dicha planta es la principal productora de yodo en el mundo, negocio cuyas bases fueron sentadas por la nacionalización del salitre y el gobierno de la Unidad Popular, cuando se sacó a la industria del letargo de décadas de administración extranjera y se proyectó una industria de química pesada. Todo quedó en vano en las manos del ex-yerno de Pinochet.

Los proyectos de explotación de litio desarrollados por Codelco y Enami se sustentan en buscar a socios a quienes se entrega la mitad del negocio. Así ocurre con el acuerdo SQM-Codelco que entrega hasta el 2060 la mitad de la explotación de litio a la empresa de la familia Ponce Pinochet; la cesión de la mitad del Salar de Maricunga a la angloaustraliana Rio Tinto, junto con la la mayoría accionaria en los Salares Altoandinos por parte de Enami. Expertos en minería y economistas consideran que es mejor quedarse con la totalidad del negocio.

La pregunta la plantea Martín Arboleda, autor de ‘Planetary Mine’ y ‘Gobernar la utopía’. El primer libro da cuenta de la compleja red que conecta las minas chilenas con la economía global y en el segundo plantea ideas y caminos en torno de la planificación y el poder popular. Arboleda comenta que en Chile “hay sectores políticos para quienes hablar de una política industrial es un tema tabú” y en la explotación del litio “se presentan viejas formas de subordinación internacional”.

Durante la tarde de este lunes el pleno de la Cámara de Diputados debe votar el informe de la Comisión Investigadora sobre el acuerdo entre Codelco y SQM, que concluyó que el pacto con SQM está está plagado de irregularidades y no se negoció con transparencia. El lobby para echar abajo el informe incluye hasta la publicación de una encuesta de Cadem durante la mañana. Un cálculo reciente estima en que se subsidia con 5.200 millones de dólares a la empresa de Francisca Ponce Pinochet.

Un nuevo cálculo sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del Salar de Atacama, hecho por el economista Camilo Lagos, dio cuenta que se subsidia con 5.200 millones de dólares a la empresa de Francisca Ponce Pinochet. En tanto, el patrimonio público pierde capturar unos US$ 4 mil millones al no operar directamente en el acuífero atacamaño o llamar a licitación. Tampoco hay en la actual negociación, compromisos exigibles de tecnología limpia ni de industrialización local.

El proceso de Consulta Indígena desplegado por Corfo en relación a los aportes que debe otorgar SQM comenzó a ser cuestionado por integrantes de las comunidades lickanantay. Comuneras sostienen que se busca el consentimiento a la rápida, hubo demora en la entrega de información y se han impuesto tiempos acotados para comprender un acuerdo complejo. Cuentan que al principio no quería dar a conocer los borradores y “querían que tomáramos la decisión a partir de los power point que habían mostrado en las reuniones hechas en las comunidades”.

El apoyo dado por tres de los cuatro candidatos del oficialismo al acuerdo entre SQM y Codelco es argumentado a partir del beneficio para el país. Si bien algunos están convencidos de que se trata de una gran oportunidad para la entrada del Estado en la explotación de litio y una mejora en los ingresos fiscales, economistas estiman una pérdida de US$ 5.700 millones de concretarse el pacto y expertos en minería aseguran que se producen mayores ganancias manteniendo el control del Salar de Atacama.