Fiscalía confirmó que el empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter está formalizado por desaparición de la defensora territorial mapuche Julia Chuñil, hecho que ocurre a un año de la desaparición forzada de la dirigente en Máfil, región de Los Ríos.

Un sistema que obliga a mantener una paternidad sabidamente errónea, por falta de plazos razonables o por un formalismo excesivo, no protege a nadie: ni al hombre afectado, ni tampoco al niño, que merece construir su identidad sobre certezas y no sobre engaños.

Actividad se realizará el sábado 8 de noviembre, a partir de las 13 horas, en la Plaza de la República, y contará con la participación de diversos artistas locales. En Valdivia, las comunidades citadas bajo protocolo ancestral, cumplieron un mes de movilizaciones ante la fiscalía regional, en señal de "cuestionamiento enfático" a la "falta de transparencia, proactividad y manipulación de información durante el proceso de investigación".

Hechos ocurrieron el sábado 23 de julio de 2022. La madrugada de ese día, el individuo se dirigió hasta el domicilio de su exconviviente, donde la mujer vivía con su hija, y con total conocimiento de que ambas se encontraban en el interior, procedió a prender fuego a la vivienda, la cual se consumió por completo. Ahora deberá pasar 30 años en la cárcel.

En la llamada expuesta en la audiencia, el notario de San Miguel Claudio Barrena, le dice además a Sergio Yáber: "Este hueón (el abogado Mario Vargas) le debió haber pasado 1 o 2 palitos de dólares a la Ángela", refiriéndose en específico al litigio entre el Consorcio Belaz Movitec y Codelco.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de la clínica y confirmó una multa de 700 UTM (equivalente a poco más de $48 millones) tras constatar que exigió la firma de un pagaré a un paciente que cursaba un "cuadro de riesgo vital", una práctica expresamente vedada por la ley.

Desde el Comité Nacional e Internacional de Justicia para Jadue señalaron que la detención de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas —querellantes en la causa contra el exalcalde de Recoleta —, como parte de una investigación por presuntos delitos como cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y lavado de activos, "obligan a revisar con rigor la legitimidad de actuaciones que han impactado el caso de Jadue".

Esta y otras diligencias han sido ejecutadas en el marco del Plan de Búsqueda impulsado por el Gobierno, que involucra a profesionales del Servicio Médico Legal, además de representantes del Plan de Búsqueda del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) encargados de dar contención a los familiares.

En la tragedia, ocurrida el viernes 16 de abril de 2015, murieron cinco jóvenes de entre 17 y 25 años, quienes fallecieron trágicamente en medio de una avalancha humana en el ingreso al recinto, donde en ese entonces funcionaba la discoteca "Tsunami".

Este jueves, los familiares de las siete víctimas de la embarcación Bruma realizaron una protesta pacífica en el frontis de la Fiscalía del Biobío, en rechazo a la medida que autorizaría el traslado de la nave involucrada en la tragedia hasta un dique de Asmar.