El exjuez, removido hace siete meses por la Corte Suprema de su cargo en el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana por obtener bajas calificaciones, es acusado de liderar un esquema de corrupción que operaba a través de peritajes manipulados a cambio de millonarias coimas.

El exmilitante de la UDI es investigado por los presuntos de delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, entre otros. Tras perder el fuero parlamentario los tribunales podrán decretar medidas cautelares en su contra y/o condenarlo.

Una investigación solicitada por la Fiscalía a la CGR detectó que el dinero reembolsado con fondos públicos por gastos de campaña de la exalcaldesa de Maipú no fue transferido a la empresa Modo74, sino a su cónyuge, el diputado Joaquín Lavín.

A través de un comunicado del 13 de octubre, el Módulo E de Angol informó que Estefani Pérez Ancalaf (103 días en ayuno) y Antonio Lebu Neculpan escalaron su protesta a huelga seca por falta de respuestas. Exigen traslado al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, respeto del Convenio 169 de la OIT y garantías de juicio justo para otros comuneros.

Con la promulgación de la nueva normativa, el Estado reconocerá jurídicamente —en un registro público y digital del Registro Civil— a las víctimas de desaparición forzada entre 1973 y 1990. Autoridades destacaron que es una política de Estado; familiares valoraron el paso como una reparación largamente esperada.

Ciudadano uruguayo Pablo Laurta fue detenido por la policía mientras intentaba salir del país con su hijo de 5 años, a quien había secuestrado tras asesinar a su expareja y a su exsuegra. Es fundador del grupo "Varones Unidos", cuyos referentes son el biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, y el politólogo Agustín Laje, quien está junto al chileno Axel Kaiser en el directorio de la "Fundación Faro".

La demandante cuenta con la calificación oficial como víctima de prisión política y tortura, según el informe de la Comisión Valech I y recibirá una indemnización del $50.000.000 por daño moral, tal y como ordenó el Decimosexto Juzgado Civil de Santiago.

La criminalización del aborto voluntario en Chile no puede entenderse sólo desde una lógica legal. Es el resultado de una arquitectura ideológica que combina moral religiosa, control patriarcal y una profunda desconfianza hacia la autonomía femenina: el Código Penal que criminaliza el aborto voluntario perpetúa un bastión de la violencia machista institucional contra las mujeres.

El exjuez, removido hace siete meses por la Corte Suprema de su cargo en el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana por obtener bajas calificaciones, será formalizado este miércoles, tras haber sido detenido por cohecho agravado.

En los discursos, debates y conversaciones cotidianas está floreciendo lo mejor de la tradición democrática que caracteriza a la Universidad de Chile. En ese sentido, la creatividad y dedicación de su estudiantado reflejan un sólido compromiso con la libertad, la igualdad y la justicia.