Para los familiares de las víctimas, el caso de la extradición de Adriana Rivas representa una oportunidad histórica de justicia. Para Chile, es una prueba de su capacidad para perseguir crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura de Pinochet.

De acuerdo con el Poder Judicial, Alfonso Coke "se valió de su posición jerárquica como alcalde para abordar de forma intempestiva a las víctimas, aprovechando la evidente asimetría de poder y su condición de superior directo".

Los hijos del dictador se enfrentan por mansiones y parcelas, pero el verdadero escándalo está en el origen de la fortuna: millones de dólares defraudados al Estado durante la dictadura.

En ocasiones anteriores nos hemos referido al proyecto de cuatro torres de 32 pisos c/u de la empresa Fundamenta, ejecutándose en la comuna de Ñuñoa, por el cual el juez Sergio Muñoz formuló exigencias técnicas que molestaron al inversionista, quien, como represalia, lo denunció por unas presuntas ayudas a su hija, también jueza, lo que significó su destitución del Poder Judicial.

Luis Bernardo Maldonado Ávila era estudiante de Ingeniería en Ejecución Mecánica de la Universidad Técnica del Estado, sede Temuco y militante del Partido Socialista. Tenía 24 años cuando fue detenido ante testigos por efectivos militares frente al Correo de Temuco, y trasladado hasta un lugar desconocido. Hasta hoy permanece desaparecido.

Además, la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales denunció que uno de los funcionarios afectados es director regional de su agrupación, por lo que su remoción vulneraría el fuero que ostenta todo dirigente sindical.

Luciano Rivas, cercano al partido Evopoli, fue apoyado públicamente en 2024 por Evelyn Matthei en su campaña a la reelección como Gobernador, la que finalmente perdió frente al exdiputado René Saffirio, quien resultó electo.

En la sentencia, el tribunal fue categórico al señalar que el diagnóstico inicial fue erróneo y que, pese a que la cirugía fue considerada un éxito, la paciente no logró recuperar su movilidad, quedando con discapacidad permanente.

.La Corte de Apelaciones de San Miguel deberá resolver si la FACh vulneró garantías constitucionales al negar el acceso del abogado defensor a su cliente, que se encuentra imputado en la investigación por tráfico de drogas en el seno de la institución, y al ocultar información sobre su paradero y estado de salud.

En su reemplazo, asumió -en calidad de subrogante- el subdirector operativo de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un comunicado.