La jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, defendió su accionar, negando cualquier intención dolosa y atribuyendo el error a un problema administrativo. Además, desmintió categóricamente las acusaciones de haberse quedado dormida durante la audiencia de formalización.

"Este 16 de julio conmemoramos, con el corazón ardiente, los 73 años de Julia Chuñil Catricura, nuestra valiente guardiana de la naturaleza, madre amorosa y faro de resistencia. A sus hijos, nietos y familia, les envolvemos en un abrazo inmenso, lleno de esperanza y fuerza en estos 8 meses de su injusta desaparición forzada", indicaron desde la Coordinadora por Julia Chuñil.

“Los imputados se organizaron con el objetivo de transportar droga desde Iquique a Santiago, valiéndose de su calidad de funcionarios públicos de la referida rama de las Fuerzas Armadas”, indicó la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.

"Esta decisión es importante porque ratifica la vigencia de la Ley N°19.386, que establece los procedimientos especiales para la venta de estos bienes, garantizando que se respeten los derechos y quórums necesarios de los comuneros involucrados", destacaron desde el Movimiento No+Anglo.

Autoridades anunciaron la conformación de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Justicia, el Fiscal Nacional y el Poder Judicial, para revisar los protocolos y comunicación entre las diferentes instituciones del sistema penal chileno.

Exigimos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a Gendarmería a que se adopten de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar su derecho a recibir una atención médica adecuada y completa.

La Corte Suprema confirmó que los criterios internacionales y nacionales son claves para negar la reducción de penas a tres exagentes de la dictadura, quienes no demostraron arrepentimiento ni colaboración, condiciones esenciales para acceder a beneficios penitenciarios en este tipo de delitos.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la inadmisibilidad de la querella por injurias y calumnias que el ex teniente coronel de Carabineros interpuso contra Campillai, en la que solicitaba una indemnización por $600 millones y 6 años de cárcel para la parlamentaria.

El mecanismo de engaño consistía en generar un vínculo de confianza con las personas, para luego apropiarse de sus patrimonios.

El sujeto de nacionalidad venezolana y que forma parte de una cadena de sicarios vinculada al Tren de Aragua, fue liberado por Gendarmería al cumplir una supuesta orden del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, que solicitaba dejarlo "sin medidas cautelares".