Patricio Mery denuncia el rol del exministro como el verdadero poder en las sombras tras Hermosilla y cuestiona la protección institucional que lo mantiene intocable.

Ante el aparente congelamiento público del beneficio, agrupaciones de derechos humanos alertan sobre posibles maniobras legales para burlar tratados vigentes.

Parlamentaria rechazó el anuncio del Partido Nacional Libertario sobre la presentación de un proyecto de ley para indultar a uniformados condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la revuelta de Octubre de 2019: "Es contravenir las obligaciones del Estado chileno en materia internacional; es ignorar el dolor de las víctimas y barrer con el trabajo de la justicia (...) es muy diferente a lo que nosotros buscamos y hemos logrado, que es, precisamente, justicia", enfatizó Campillai.

"Nosotros vamos a insistir en la búsqueda de justicia. Este es un pequeño paso en esa búsqueda, yo siempre lo he dicho desde el principio: tengo la convicción de que esto no se trata sólo de mí y de hecho no se trata del pasado, sino que se trata del futuro de las instituciones que nosotros queremos construir y por sobre todo de cómo cuidamos nuestra democracia", declaró el parlamentario.

Información fue confirmada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, detallándose que también se allanó el domicilio de Fuenzalida en Santiago, y se hicieron otras diligencias en Coquimbo. "La investigación se encuentra en curso", declaró la fiscal Constanza Encina.

Un exasesor de la parlamentaria aseguró haber visto al presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, Carlos Swett, entregar un sobre en la puerta de la casa de la senadora y el Ministerio Público busca establecer si dentro de ese sobre había dinero en efectivo

La Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió que denunciar las amenazas de Espinoza en contra de Manouchehri no constituye injuria, y que las expresiones del diputado fueron emitidas en el ejercicio de su función parlamentaria

Iniciativa legal aumenta las penas para delitos cometidos ocultando la identidad, endurece las sanciones por saqueos e incorpora una agravante para quienes busquen eludir la acción de la justicia ocultando sus rostros.

El tribunal acogió los argumentos de la defensa tras acreditarse que el encierro en el REPAS vulnera al interno de 68 años.

En septiembre de 2025 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomendó al Estado chileno tomar medidas para asegurar el derecho de las personas indígenas privadas de libertad a practicar sus costumbres y ceremonias espirituales y religiosas. Por ello, desde el entorno del Machi hicieron un llamado a "defender los derechos consagrados" y rechazaron la decisión de Gendarmería, calificándola de arbitraria y discriminatoria.