En una nota sobre el crimen de un matrimonio en Graneros, se incluyó "la reproducción nítida y reiterada del momento en que una persona es víctima de agresión, que causa su muerte, escuchándose sus gritos de desesperación y el acto material de su ejecución por disparos de arma de fuego, como sus quejidos inmediatamente posteriores", cuestionó el fallo, recordando que la truculencia en TV -es decir, todo contenido que abuse del sufrimiento, del pánico o del horror- está penada por ley, al igual que el sensacionalismo y la violencia excesiva.

El exministro de Desarrollo Social exigió a Kaiser que rectifique sus dichos "tan falsos como graves" y expuso una serie de puntos que desmienten el planteamiento del presidente del Partido Nacional Libertario

Una trama de facturas falsas y desvíos millonarios que operó durante años en las altas esferas castrenses culmina con la sentencia de 12 años de cárcel contra general de brigada en retiro, en un caso que ya acumula pérdidas por más de $3 mil millones y salpica aun grupo de uniformados también condenados por la justicia

¿Qué se persigue cuando se persigue a quien defiende los derechos humanos?, cuestionó la organización ante la investigación penal abierta contra la abogada por un supuesto delito de “violación de reserva procesal” tras sus declaraciones a la prensa por el caso de Julia Chuñil

Gendarmería vacía el ex penal Punta Peuco de reos comunes en medio de fuertes críticas de diputados que denuncian que el gobierno de Kast allana el camino para que condenados por crímenes de lesa humanidad recuperen privilegios y conviertan el recinto en una "cárcel VIP", lo que catalogan como un "retroceso histórico" y un golpe a la memoria democrática

El caso que complica al diputado republicano Alejandro Riquelme llegó a Fiscalía y al CDE: el Serviu denunció que su pareja por 18 años y madre de tres de sus hijos habría omitido ese vínculo para acceder a un subsidio habitacional.

INDH constató gravísimas vulneraciones de derechos, entre ellas personas comiendo en el patio inundado con aguas servidas; necesidad de defecar en bolsas plásticas por falta de baños utilizables; ausencia de luz eléctrica y acceso a agua potable durante más de 16 horas al día; y la inexistencia de cámaras de seguridad, lo que ha facilitado golpizas por parte de funcionarios de Gendarmería. Familiares de los internos respaldaron el fallo y exigieron su cumplimiento inmediato.

Entre las conductas sancionadas se encuentran cuestionamientos a trabajadoras de Recursos Humanos por afiliarse al sindicato; restricciones en accesos y funciones laborales después de la sindicalización; exigencias de documentos de confidencialidad únicamente en el área afectada; y deterioro de condiciones de trabajo en áreas donde antes no existía presencia sindical.

Denunciaron agresiones contra comunidades mapuche williche, y apuntaron al Estado y a la empresa Statkraft por su responsabilidad.

Acción judicial busca que se declare ilegal el recorte presupuestario del Gobierno de Kast, que termina con este centro comunitario ubicado en la parte alta de Coquimbo y con otros 40 recintos emplazados en diversos sectores vulnerables del país.