El ministro de Educación del gobierno peruano de Dina Boluarte, Morgan Quero, fue comparado con Augusto Pinochet y los medios de la dictadura en la Operación Colombo, por llamar ratas a 50 personas asesinadas por su régimen, mayoría campesinas e indígenas.
El fisco deberá pagar una indemnización de $50 millones por concepto de daño moral a la víctima que fue detenida y torturada en 1980 por agentes de la CNI; más $20 millones por repercusión a su cónyuge e hijos.
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la máxima cautelar contra la exalcaldesa de Maipú, quien seguirá recluida en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel mientras avanza la investigación por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
"Todos comparten con todos y Hermosilla, la verdad es muy simpático", afirmó la esposa de Daniel Sauer, quien destacó que el penalista "ocupa el papel de consejero" de los internos.
Los dos sujetos, de nacionalidad peruana, utilizaban una aplicación de citas para contactar a sus víctimas y concertar un encuentro, para luego abordarlas y retenerlas en un vehículo mientras le sustraían todas sus pertenencias.
El profesional de la salud fue condenado a 7 años y 184 días de presidio como autor de abuso sexual reiterado, pero se encuentra prófugo desde hace un año y seis meses.
La denuncia fue interpuesta por el exjefe comunal tras recibir un mensaje intimidante en árabe pegado en el timbre de su domicilio en La Reina, interpretado como una referencia a sus raíces palestinas y su opinión disidente con la comunidad sionista de origen judío en Chile.
Con este convenio, la Máxima Casa de Estudios ratificó su compromiso con la nación y manifestó su adhesión a las iniciativas de la SRE en apoyo a las comunidades de connacionales.
"Hoy he recuperado mi total libertad, ya que el Tribunal ha dejado sin efecto la formalización y todas las medidas cautelares en mi contra", afirmó el exjesuita.
La denuncia fue presentada hace dos años ante la Dirección de Asuntos Internos de Carabineros, en la cual se detalló que los funcionarios exigían pagos ilegales en las principales rutas hacia Bolivia.