Los ex cabos cumplen 12 años de cárcel por dejar en estado vegetal a Mario Acuña, en un crimen que ahora tensiona la agenda de impunidad del Ejecutivo.

Según la Fiscalía el exdiputado aplicó un mecanismo reiterado para desviar recursos, ocasionando un perjuicio fiscal que supera los $104 millones

¿Por qué aislar, sancionar y castigar un modelo que se considera irrelevante? A menos que el miedo no sea que fracase. A menos que el miedo sea que, incluso con todas sus contradicciones, pueda sugerir otra forma de organizar la sociedad. Una donde las personas no sean reducidas a clientes, mercados o consumidores que hay que capturar, sino reconocidas como seres humanos que deben ser cuidados, protegidos y permitidos florecer.

Tras conocerse esta nueva información revelada por el diario La Segunda, el senador Daniel Núñez (PC) llamó a la ministra de Seguridad a aclarar la situación, reiterando que "crimen organizado y economías ilícitas no deben infiltrar el Estado". Según el citado medio, la sociedad sí tuvo movimientos pues presentó contabilidad al Servicio de Impuestos Internos en 2002, lo que contradice lo señalado por Steinert quien aseguró que "nunca tuvo movimientos".

La formalización del exdiputado Joaquín Lavín León por un presunto fraude al fisco superior a los $100 millones no solo marca un nuevo capítulo judicial, sino que vuelve a tensionar el debate sobre corrupción política y uso de recursos públicos en Chile.

En 1988, Luis Hermosilla decía votar No por “dignidad personal”, progreso social y justicia. Casi cuatro décadas después, esa declaración vuelve como una contradicción brutal en medio del Caso Audios y sus presuntas redes de pagos, favores e influencias.

Según la imputación, el penalista habría percibido ingresos por $471 millones en 2018, pero solo declaró $211 millones ante el fisco, mientras que al año siguiente, sus movimientos bancarios reflejaban $532 millones, mientras que la declaración voluntaria apenas alcanzó los $306 millones

La reciente sentencia por estafa contra Francisco Sánchez, lograda por la parte querellante tras el desistimiento de la Fiscalía, ha puesto bajo la lupa la imparcialidad y rigurosidad del ex fiscal regional de Atacama Alexis Rogat Lucero.

Recortar prevención es un retroceso. Es una decisión de vista corta, socialmente costosa y políticamente equivocada. Porque cuando el Estado ahorra en educación, salud, infancia, barrios y prevención social, la sociedad termina pagando la cuenta con más inseguridad, más desigualdad, más enfermedad y más exclusión.

Más de 72,600 palestinos han muerto en Gaza desde octubre de 2023 por la ofensiva israelí, según el Ministerio de Salud del enclave. Ocho mil cuerpos permanecen bajo escombros. Organismos internacionales denuncian crímenes de lesa humanidad. La remoción de escombros costaría más de 1.700 millones de dólares.