La encardada de conducir el proceso para destrabar el proyecto que busca establecer un nuevo Código Procesal Civil juró como abogada de la Universidad Católica el pasado 10 de abril e ingresó ese mismo mes al gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en calidad de asesora

Se trata de Aguas Pacífico, entre cuyos empleados está el excoronel de Carabineros Sergio Ocares, quien -según su cuenta en Linkedin- ejerce como encargado de Relaciones Públicas y Seguridad de la firma. La denuncia pide investigar si Ocares "utilizó su antigua jerarquía y sus contactos policiales para influir en procedimientos" a favor de su empresa y en desmedro de los vecinos que en algún momento tuvieron un conflicto con ellos, como ocurrió con Roberto Aravena, quien aseguró que el expolicía "da órdenes e incluso mueve vehículos fiscales".

Ministerio Público había solicitado además que el Instituto Nacional de Derechos Humanos y observadores internacionales de DDHH no presenciaran la audiencia, pero el juez a cargo rechazó su petición. En la instancia, la fiscalía de Los Ríos confirmó que la profesional no está siendo investigada por infracción al secreto de causa reservada, en el marco de su defensa judicial a la familia de Julia Chuñil.

La acción pone el foco en una contradicción clave: se informó que las excavaciones llegarían a aproximadamente 1,4 – 1,6 metros, pero posteriormente se constataron obras de hasta 3,1 metros. Además, busca agruparse a una investigación penal anterior, iniciada a partir de una acción de una organización ambientalista.

Previamente, en otro juicio, un juzgado del distrito de Santa Fe en Nuevo México condenó a la empresa tecnológica a pagar US$567 millones a un fondo de reparación de salud mental para jóvenes, al considerar que su forma de operar "perjudica la salud y seguridad de los adolescentes".

En su argumentación, el tribunal planteó que según la legislación vigente, "no es permitido entender que el eje de la discusión sea cómo se ejerce el dominio sobre ellos (las mascotas), sino cómo o de qué forma se hace efectivo el deber de protección y de resguardo que pesa sobre sus tutores, en razón del bien animal y no del propio".

En su primera cuenta pública Kast no anunció indultos, pero recordó que «la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar». En Punta Peuco esperan casi treinta solicitudes de condenados por lesa humanidad. Entre ellos está Miguel Krassnoff, agente de la DINA con más de mil años de condena, a quien Kast visitó en prisión.

Corte de Apelaciones de Santiago acogió la reclamación presentada por distintos sindicatos y dejó sin efecto la incorporación de diversas faenas de Enel Generación Chile S.A. a la nómina de empresas cuyos trabajadores no pueden ejercer el derecho a huelga. "Este fallo no pertenece únicamente al sindicato SIEP; pertenece a todos los trabajadores que creen que los derechos fundamentales deben respetarse", declaró el presidente de la organización sindical, Mauricio Ramírez, una vez conocida la decisión judicial.

La organización busca que la voz de las y los trabajadores del Estado sea considerada en una controversia que, a su juicio, compromete el ejercicio de potestades públicas y las garantías de quienes cumplen funciones en el aparato fiscal

Sol Millakura terminó con su vida en noviembre de 2025 tras denunciar acoso y discriminación de la Seremi de Salud de ese entonces, Lorena Cofré, quien renunció a su cargo al revelarse el caso. Pero, meses después, se querelló por injurias contra los dirigentes sindicales que pidieron a la ministra investigar lo ocurrido, lo cual para los afectados "es una afrenta a la libertad de expresión y a la labor propia de la libertad sindical de levantar la voz y alertar sobre situaciones de alta notoriedad pública".