Industria salmonera impulsa proyecto de ley para controlar y silenciar a defensores ambientales, según denuncia de Ecoceanos. Diputados y empresarios buscan endurecer regulaciones sobre ONGs, obligándolas a renovación anual, en lo que organizaciones califican como un intento de represión socioambiental. Mientras tanto, el Acuerdo de Escazú sigue sin implementación efectiva