Según indicó la agrupación Obervatorio Ciudadano, las peticiones, impulsadas por comunidades mapuche de las islas Puluqui-Tabón, Nercón, Isla Tranqui y Yaldad, permanecieron en tramitación entre siete y diez años, muy por encima del plazo máximo de dos años y medio que establece la normativa, evidenciando una dilación que las comunidades afectadas consideran una vulneración a sus derechos fundamentales