La declaración de que “Chile está quebrado” —rápidamente retirada— forma parte de una estrategia conocida por los grandes poderes económicos: usar las crisis para imponer reformas que benefician al gran capital, intentando gobernar por decreto en estado de excepción-emergencia, sin consultar ni buscar consensos con la ciudadanía o las cámaras. Mientras tanto, un “progresismo neoliberalizado” se arrima a la defensa del “modelo”.