El fisco deberá pagar una indemnización por $45 millones a cada una de las 4 víctimas que fueron sometidos a detenciones ilegales y torturas perpetradas por agentes del Estado en diversos periodos, entre 1973 y 1985.

Durante una entrevista en Radio Futuro, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que “si se le tenía que dar muerte a alguien que está incendiando un edificio, se hace”.  

El abogado de la diputada Catalina Pérez, Gonzalo Medina, confirmó que su equipo de defensa pretende apelar al desafuero en la Corte Suprema.

"Que su memoria sea maldita para siempre", expresó la mujer en el obituario para el primer ministro israelí, celebrando su supuesta muerte.

La diputada del Frente Amplio enfatizó la necesidad de coordinar esfuerzos para brindar una alternativa habitacional a las cerca de 10 mil personas que podrían ser desalojadas desde el 27 de febrero.

Una investigación de CIPER reveló que la Corporación de Fomento en la Producción (Corfo) destinó 23,2 millones de dólares al Fondo de Inversión Privado (FIP) Minería Activa Tres, gestionado por Larraín Vial y que a su vez financió proyectos mineros en los que participó la familia del expresidente Sebastián Piñera durante su primer mandato.

El Equipo de Investigación de El Ciudadano revisó la Transparencia Activa del municipio de enero de 2025 y pudo dar cuenta del millonario sueldo que recibe Germán Becker por este nuevo cargo.

El Tribunal Oral en Lo Penal de Talagante acreditó la existencia de torturas efectuadas contra Héctor Pérez Catalán, quien fue brutalmente agredido por agentes del Estado en el marco del estallido social. Sin embargo, el tribunal dictaminó que no existen suficientes pruebas para demostrar la participación del subcomisario imputado, Manuel Ortiz Otárola. 

La Municipalidad de Ñuñoa confirmó que la sala de cine seguirá funcionando, sin embargo aún no ha aclarado los motivos de las desvinculaciones.

La exjefa de Administración y Finanzas de la Corporación Municipal de Deportes, quien ejerció su cargo durante la administración de Germán Codina, enfrenta cargos por malversación de fondos públicos, negociación incompatible y lavado de activos. Sus hijos serán formalizados por lavado de activos.