Uniformados ocuparon los vehículos de las víctimas, con ellos adentro, para obstaculizar el paso de otros vehículos que eran objeto de una persecución policial.

Informe forense de la víctima reveló 21 impactos balísticos: 14 con entrada y 7 con salida de proyectil, en cabeza, torso, abdomen y miembros superiores. Tribunal determinó 180 días de plazo para la investigación.

Exuniformado Sebastián Zamora está acusado de empujar a un adolescente desde el Puente Pío Nono al lecho del río Mapocho, el 2 de octubre de 2020.

Sentencia se conocerá en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago el miércoles 17 de abril. Veredicto estableció que el uso que hizo el carabinero de la escopeta "fue desproporcionado, innecesario e injustificado en el contexto en que se encontraba", estableciendo que impactó a alguien "que no representaba una amenaza".

"Hemos vivido una realidad en donde se ha negado la violación de los Derechos Humanos durante el Estallido Social, y este daño sistemático sobre los cuerpos de las personas dice lo contrario", señaló el académico Patricio Bustamante, respecto a esta inédita investigación.

Diputada Lorena Fries, presidenta de la Comisión de DDHH de la Cámara, coincidió con lo expresado por el Relator y planteó que existe un atraso, por ejemplo, en materia de derecho a reunión, donde no se han alcanzado consensos para materializar los cambios legales.

"Para nosotros es una instancia clave para esclarecer los reales hechos y circunstancias que llevaron a que el cabo (de Carabineros) Hugo Huenchuvil decidiera ejecutar extrajudicialmente a Pablo, ya estando herido de bala y sin posibilidades de escapar del lugar", declaró Miriam Gutiérrez.

"Más allá de si debe o no renunciar Yáñez, y hacer como Muñoz, lo que interesa es dimensionar hasta dónde llega la alianza empresariado Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI incluidas, en este laboratorio neoliberal en decadencia llamado Chile..."

Valoramos que en La Moneda no prospere todavía la “necesidad” de llamar a los militares a tareas para las cuales no están preparados. Sin embargo, ya parece inminente la idea de encomendarle la custodia de la llamada “infraestructura crítica” del país, cuestión que puede parecer conveniente si es que ello no deja a los uniformados cada vez más cerca del desempeño político.

Sergio Muñoz habría infringido tanto el artículo 246 del Código Penal, como el artículo 31 de la Ley 19.913, tras haberle entregado información privilegiada al abogado Luis Hermosilla. Mientras que Ricardo Yáñez será formalizado por causas ligadas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.