En tanto, la parte querellante y el Instituto Nacional de Derechos Humanos exigen 15 años de presidio mayor.

Un piquete de Carabineros habría detenido el 6 de noviembre de 2019 a cuatro personas, las cuales fueron conducidas al interior de la sede regional. La querella que sigue en curso solicita penas punitivas para todos quienes resulten responsables de los hechos.

Durante el procedimiento se encontró un arma de fuego y 21.400 dólares, pero en el parte policial y en el acta respectiva, los carabineros informaron la incautación de solo US$11.000.

El abogado especialista en DDHH, Luis Mariano Rendón, recordó que "Yáñez está siendo investigado en las causas por violaciones de derechos humanos cometidos durante el estallido, que lleva la fiscal Chong y donde soy uno de los querellantes. Entonces, también desde un punto de vista procesal es muy inconveniente que siga al mando de la institución, pues desde allí puede entorpecer la investigación en curso".

Conforme con los hechos señalados, el día 21 de octubre de 2019, en horas de la noche, 5 personas fueron detenidas e ingresadas a un vehículo policial a fin de trasladarlas a la unidad policial respectiva, lugar en que funcionarios de Carabineros golpearon en reiteradas ocasiones a las víctimas, y los obligaron a cantar el himno nacional, bajo intimidación o amenaza de volver a ser agredidos en caso de equivocarse.

"Todos sabemos de dónde nace este caso y la cantidad de tiempo que llevan las víctimas buscando justicia y en esa misma cantidad de tiempo han existido nuevas persecuciones, no solamente en contra de ellos, sino también de los menores de ead que en su momento fueron imputados por la Unidad de Inteligencia Policial", indicó la abogada Karina Riquelme.

Uniformado ejecutó a corta distancia dos disparos de munición antidisturbios en contra de la víctima -que solo caminaba por la Ruta 5 Norte-, impactándola en el rostro y provocándole la pérdida de la visión del ojo izquierdo.

El asesino del "Caso Degollados", José Fuentes Castro, asegura haber confesado el crimen a Gustavo González Jure, instándolo a denunciarlo ante los Tribunales de Justicia, todo tras reconocer el triple asesinato de de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero durante la dictadura chilena.

Joven obrero recibió el impacto de una bomba lacrimógena de Carabineros en el sector de Plaza Dignidad, el 6 de marzo de 2020, falleciendo un día después en la ex Posta Central. Según su certificado de defunción, murió por una "laceración de arteria comunicante anterior derecha y traumatismo cérvico cráneo encefálico por impacto con objeto".

Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara comenzó la votación particular del proyecto que establece una nueva regulación en relación a sus beneficios previsionales, accidentes en acto de servicio y enfermedades contraídas como consecuencia del ejercicio de sus funciones.