Víctima resultó como contusiones faciales, fractura y aflojamiento de piezas dentales; múltiples hematomas y equimosis en cabeza, cara, cuello, abdomen y extremidades; además de un cuadro de estrés postraumático, según informe del Servicio Médico Legal.

la alcaldesa Bobadilla manifestó que la municipalidad estuvo abandonada por mucho tiempo, y no se contaba con la cantidad de funcionarios de seguridad necesarios para abordar la situación.

Víctima recibió un balín en el ojo izquierdo, lo que le causó un trauma ocular con secuelas oftalmológicas de disminución de la agudeza y alteración del campo visual, además de estrés postraumático.

Coronel disparó su escopeta de manera antirreglamentaria, a menos de dos metros de distancia de la víctima y sin que existiese causa que lo justificara. Por ello, deberá cumplir una pena de 300 días de presidio y la suspensión del cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

La causa tiene un interés judicial adicional, pues varios de los imputados están siendo perseguidos por otros delitos de corrupción, como Martínez y Espinosa, o violación a DDHH, que es el caso de Rozas.

Magistrada Gabriela Contreras Piderit ordenó el ingreso de los imputados a la Subcomisaría Pudahuel Norte, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. Además, fijó en 100 días el plazo de investigación.

Tras una minuciosa investigación, se estableció la responsabilidad del Capitán Jaime García Muñoz, miembro de Fuerzas Especiales y activo en el ejercicio de sus funciones, a pesar de estar imputado desde 2016 y encontrarse formalizado por este caso.

"La reforma no solamente es una acción que venga a sancionar o se tiene que mirar desde una mirada punitiva, es una gran oportunidad para reforzar la institucionalidad de Carabineros y construir un nuevo contrato social entre las policías y la ciudadanía”, planteó Siches.

"Resulta casi una provocación que lleguemos a otro 29 de marzo, fecha en que se conmemoran terribles crímenes de Carabineros en dictadura, con un evidente responsable de violaciones a los DDHH aún al mando de dicha institución", señaló el abogado especialista en DD.HH, Luis Mariano Rendón.

Según el defensor penal público, Octavio Sufán, el funcionario policial disparó al suelo para dispersar a manifestantes. Además se ratificó que quien recibió el rebote de la bala no era un estudiante ni participante de la marcha, si no un joven repartidor de 19 años que estaba en el lugar, quien concordó con la versión de Carabineros.