A través de una declaración pública, recordaron que "durante la revuelta social, hubo casos de trabajadores de la comunicación heridas y heridos, detenidas y detenidos de manera arbitraria", asegurando que "la muerte de nuestra compañera Francisca Sandoval es una muestra de un patrón de normalización de la violencia que es inaceptable".

La CCHDH también se querelló contra los responsables de herir a un secundario en manifestación estudiantil de fines de marzo. Ambas acciones judiciales están dirigidas no sólo contra quienes resulten responsables como autores materiales de estos graves hechos sino además, en contra del General Director de Carabineros, Ricardo Alex Yáñez Reveco.

El pasado 19 de enero, el juez Leonardo Andrés Llanos Lagos nuevamente modificó las cautelares y el imputado quedó solo con la prohibición de acercarse a las víctimas por un período de 3 meses.

Invitado en un panel televisivo, el convencional y abogado explicó el alcance de lo aprobado por el Pleno de la Constituyente: "Los militares están formados para ir a la guerra y eliminar a su enemigo; las policías en cambio están llamadas a integrarse en la sociedad y resguardar el orden y la seguridad pública de esa sociedad", afirmó.

La acción judicial apunta a perseguir la responsabilidad de integrantes del Alto Mando, activos o en retiro, quienes a juicio del Instituto no llevaron a cabo medidas eficaces para poner freno a lo que estaba ocurriendo en esta materia.

Se incautaron 47 armas en el domicilio del ex carabinero, de las cuales solo siete estaban autorizadas.

“Aquí no estamos hablando de manifestantes, estamos hablando de un enfrentamiento entre quienes querían proteger sus locales comerciales y otros que querían destruir lo que había ahí para generar barricadas, desorden y violencia”, afirmó Yáñez, generando indignación en las redes sociales.

El informe realizado por el Laboratorio de Criminalística Central de la PDI detalla que "el proyectil balístico dubitado comparte las mismas huellas de clase e individuales que los obtenidos de la prueba de funcionamiento de la pistola marca Taurus, modelo "PT-917 C, calibre 9x19mm, serie N°TIU63601 (...) Por esta razón se informa a esa Fiscalía que el arma de fuego detallada anteriormente, fue incautada al teniente Joaquín Muñoz Vásquez". El oficial sigue sin ser formalizado.

De los 17 altos mandos que recibieron $1.626 millones del Fondo de Ahorro Habitacional de Carabineros, sin documentar, 9 de ellos se encuentran involucrados en el fraude del PacoGate.

Rodrigo Bustos señala que han sido enfáticos en manifestar que la reforma profunda Carabineros requiere revisión marco normativo y mecanismos de control estrictos