La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los ministros María Soledad Espina, Marcelo Ovalle (s) y el abogado integrante Carlos Castro, confirmó lo resuelto por la magistrada Marianela Cifuentes en mayo de 2020 y condenó a los ex uniformados Héctor Osses Yáñez y a Aquiles Bustamante, a las penas de 16 y 15 años, respectivamente, como autores del delito de secuestro calificado de las tres víctimas.

Marcelo Lefort estuvo recluido por 14 meses en el anexo penitenciario Capitán Yáber de Santiago, tras su detención y formalización el año pasado, por presuntas coimas para la adjudicación de la licitación de nuevo alumbrado público en Chillán.

Corte de Apelaciones de Iquique envió un oficio a la Policía de Investigaciones para que informe sobre las medidas adoptadas para permitir el ingreso de abogados a sus cuarteles, en aquellos casos de personas migrantes que enfrentan procesos de expulsión.

Cansados de abusos laborales, malos tratos, represalias y toda clase de injusticias sufridas por tantos años, los funcionarios del poder judicial de Rancagua, introdujeron el pasado 22 de mayo un reclamo anónimo ante la Corte Suprema en contra del Ministro Michel González Carvajal, el administrador Rodrigo Valenzuela Correa y otros funcionarios judiciales de la misma región cercanos a éstos.

Tribunal determinó que la medida, tomada por la Intendencia Regional, fue "desproporcionada, ilegal y sin fundamento". Acción judicial fue presentada por la Fundación Servicio Jesuita al Migrante y la Corporación de Asistencia Judicial.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos se emitió un informe en abril de este año, en el que menciona de forma clara que la mantención de un recluso por más de quince días en la sección de máxima seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad, es tortura. Mientras tanto, este martes se da a conocer la resolución de la Corte de Apelaciones, la que otorgará o rechazará el traslado definitivo del autor intelectual de la muerte de Jaime Guzmán y fusilero del atentado al tirano.

Esta jornada finaliza el plazo para que el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos responda a lo ordenado por el tribunal de alzada capitalino, informando de los fundamentos que consideró para otorgar este beneficio al ex director de la DINE, Hugo Prado Contreras, quien -según se dio a conocer- fue beneficiado mientras cumplía su condena, a cinco años y un día, por su participación en el secuestro calificado de cinco militantes del FPMR en septiembre de 1987.

Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales declaró que el fallo "es consistente con la estrategia nacional del país que busca que la indicación geográfica chilena coexista con la peruana en mercados internacionales".

Frente a dos recursos de protección que apuntan a resguardar el derecho a voto de las personas privadas de libertad, el INDH presentó dos “Amicus Curiae”.

Abogado Luis Cuello, quien representa al círculo de amigos del profesor Matías Orellana, que perdió uno de sus ojos en el 2020 en Valparaíso, lamentó el fallo, calificándolo como "muy peligroso".