La causa Londres 38 avanza: 15 secuestros y sustracción de menores acreditados. Krassnoff acumula condenas de cuatro cifras y no admite responsabilidad.

In an interview with La Mañanera, the District 12 deputy candidate warned that political actors on the right have "been doing something for years that is starting to bear fruit, which is that people feel human rights do not relate to their lives."

En conversación con La Mañanera, la candidata a diputada por el D12, advirtió que los actores políticos de le derecha "llevan años haciendo algo que empieza a dar fruto, y es que la gente sienta que los derechos humanos no tienen que ver con su vida".

In the ANATEL presidential debate, Johannes Kaiser opened the door to a humanitarian pardon for an 80-year-old convicted of child sexual abuse if terminally ill, connecting this stance with his advocacy for benefits for prisoners at Punta Peuco.

En el debate presidencial de ANATEL , Johannes Kaiser abrió la puerta a un indulto humanitario para un condenado de 80 años por violación de menores si está terminal, criterio que conecta con su defensa de beneficios para reos de Punta Peuco.

CODEPU celebró sus 45 años con un emotivo acto que reunió a colaboradores históricos, víctimas de la dictadura y del estallido social. Se destacó su labor continua contra la represión y por verdad y justicia. El evento incluyó el recuerdo de fundadores y un llamado a enfrentar los actuales desafíos en DD.HH., presentando además al nuevo directorio de la organización.

With official approval, the government has dismantled the emblematic prison of the Pinochet era: Punta Peuco has lost its "special" status and now operates under the same penal regulations as the rest of the country.

Con timbre y firma, el Gobierno desmontó por decreto la cárcel emblema del pinochetismo: Punta Peuco perdió la categoría de “especial” y pasó a régimen penitenciario común, bajo las mismas reglas que rigen al resto del país.

Amnesty International urges the U.S. Congress to stop airstrikes in Latin America and the Caribbean, which have resulted in at least 57 deaths, labeling these actions as illegal murders since the victims did not pose an imminent threat and were denied the right to a fair trial.

Amnistía Internacional exige al Congreso de Estados Unidos que detenga los ataques aéreos en Latinoamérica y el Caribe, que han causado al menos 57 muertes, calificando estos actos de asesinatos ilegales, ya que las víctimas no constituían una amenaza inminente y se les negó el derecho a un juicio justo.