El proyecto que fue remitido a sala considera objeto de amnistía a los hechos ocurridos desde el 7 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre del 2020 y mandata al Ministerio Público a cerrar las investigaciones de los casos que no son objetos del beneficio.

Campillai, quien fue víctima de la violencia policial en el estallido social de 2019, exhortó al Congreso aprobar la Ley de Indulto General para los presos políticos de la revuelta: “Se ha alargado mucho el debate en las Cámaras, por lo tanto, pedimos a nuestros senadores que por favor este indulto lo aprueben para que estos jóvenes que lucharon un día puedan estar con sus familias”, dijo.

El suboficial de Carabineros, Mario Lincoyán Vera será acusado del delito de apremios ilegítimos y arriesga presidio menor en su grado medio a máximo.

Estimado señor Presidente: Le escribo como miembro de esa generación de comunicadores que volcó su juventud al esfuerzo de romper el bloqueo informativo impuesto por la dictadura de Pinochet, denunciar las graves violaciones de los derechos humanos y abogar por el advenimiento de la democracia

“Es una pequeña reparación para nosotros, las víctimas, y para los familiares de los compañeros que hoy no están y que murieron allí. Es una calle con mucho dolor que queremos comenzar a recuperar y que, mejor, que cambiándole el nombre que ya no representa a todos estos violadores de derechos humanos", expresó Campillai.

Con la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso se “desestimó el recurso impetrado en contra de la sentencia, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar" que ya había decretado la absolución.

En su discurso de este domingo, el presidente electo, Gabriel Boric, indicó que conversó con los familiares de los presos de la revuelta y "tenemos muy claro lo que tenemos que hacer".

"No descansaremos hasta que Sebastián Piñera sea sometido a juicio por su responsabilidad en las violaciones a los DDHH cometidas durante el estallido social. En cuanto comenzaron las mutilaciones debió dar la orden de hacerlas cesar. No lo hizo. Es culpable", expresó el abogado Luis Mariano Rendón, quien introdujo la querella.

“Al 30 de noviembre del 2021, de los más de 3 mil representados solo 326 declararon haber recibido alguna atención física, mental o social, y otras 226 admitieron que no seguirán con el proceso penal al no ver resultados favorables”, manifestó el INDH.