Pedro Guerrero Olmedo, de 29 años, se encontraba camino al supermercado cuando recibió el impacto de perdigones en su rostro, dañando severamente su visión. Tras varios años de búsqueda de justicia, el Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso mandató una indemnización de $40 millones de pesos para el afectado y ordenó al alto mando de Carabineros pedir disculpas públicas por el daño causado.

El pasado 9 de agosto, diversos medios de comunicación informaron la detención de un joven, por la elaboración y lanzamiento de artefacto incendiario durante el estallido social. Sin embargo, este caso no es cualquier otro. Es un caso Intramarchas, en donde el funcionario policial considerado testigo principal de la causa, actualmente es investigado por Fiscalía.

El consejero constitucional por el Partido Republicano insiste en defender la liberación de presos de Punta Peuco, afirmando que es "un principio de humanidad". Sin embargo, la postura del partido fue distinta respecto a los indultos de los presos del estallido social.

Tras interponer una querella criminal en contra del periodista Ignacio Pérez, por el delito de injurias y calumnias, este viernes el profesional de las comunicaciones fue absuelto por el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago, mientras que Poduje fue condenado a pagar las costas del fallido juicio.

En la sentencia, emitida por el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo, también se condenó al ex capitán Juan Rosales a 3 años y un día de pena remitida (libertad vigilada intensiva) como culpable de dos delitos de apremios ilegítimos contra otras personas.

En el proceso hay 4 funcionarios militares en calidad de acusados, tres por disparar sus fusiles de guerra contra de los manifestantes, y uno, el superior, por dar las órdenes de disparar.

Efectivo Juan Pablo Leiva Puga deberá cumplir una pena de 5 años y un día de presidio, en calidad de autor de 4 delitos consumados de apremios ilegítimos, mientras que el policía Carlos Andrés Fuenzalida Gajardo fue condenado a 5 años de reclusión, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, como autor de 3 delitos consumados de apremios ilegítimos.

Tras la finalización de la Comisión Especial Investigadora por el Caso Kayser, sus conclusiones fueron aprobadas de forma unánime por parlamentarias y parlamentarios de diversos partidos políticos. Según el diputado Andrés Giordano hubo constatación de ciertas negligencias y omisiones relevantes por parte de diversos organismos del Estado, como el Servicio Médico Legal, Carabineros de Chile y el Ministerio Público.

Lo más increíble de todo esto es que las autoridades del país busquen una conciliación histórica entre las víctimas y quienes fueron al menos los victimarios intelectuales del horror que se prolongó en Chile durante 17 años.

Senadora Fabiola Campillai junto a un grupo de diputadas, diputados, alcaldes, concejales y organizaciones sociales, llamaron a la ciudadanía a apoyar y firmar una declaración donde piden una explicación pública y concreta del Ministerio del Interior, y que se asuma la responsabilidad política de la autoridad por este hecho.