“Muchos de los temas que se han planteado tanto en el proyecto de cumplimiento tributario, como inteligencia económica, son realmente necesarios, y que si hubieran estado operativos, probablemente esto se habría detectado antes de que alguien filtrara un audio”, afirmó el ministro de Hacienda.

Miguel Landeros Perkic explicó que la denuncia presentada ante la Fiscalía Regional de Valparaíso se basa en el posible incumplimiento del artículo 146 del Código Penal, que se refiere a la divulgación de secretos por parte de funcionarios públicos.

El hacker que realizó la filtración aseguró que lo hizo “para que Argentina cambie su rumbo y se tome en serio la ciberseguridad”.

La semana pasada se allanaron las oficinas de la Fiscalía de Los Ángeles, además de los domicilios y oficina de dos abogadas, quienes estarían involucradas en filtraciones de información para alertar a personas perseguidas por la justicia por narcotráfico.

"¿Cómo queremos combatir el crimen organizado, si dos instituciones fundamentales para ello, la PDI y Carabineros, tienen casos de corrupción en sus jerarquías?". preguntó el periodista Daniel Matamala en su más reciente columna de opinión.

El abogado Juan Carlos Manríquez, quien está a cargo de la defensa del exdirector general de la PDI. señaló que no "perderán tiempo" en revisiones de medidas cautelares.

"Depende del fiscal Valencia, el Ministerio Público y la Justicia para garantizar que no haya impunidad”, afirmó Latorre.

Las indagatorias al celular del abogado Luis Hermosilla, principal implicado en el Caso Audios, sacaron a la luz que el exministro del Interior y primo de Sebastián Piñera, recibió información privilegiada respecto de la investigación sobre la compraventa de Minera Dominga, cuando el exmandatario figuraba como imputado en 2021 por este caso.

El allanamiento se produjo como parte de una investigación secreta relacionada con el uso de información privilegiada por parte de la esposa de uno de los fiscales, quien es defensora de narcotraficantes.

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se llegó a un acuerdo entre el Ministerio Público y la periodista Lorena Díaz, quien había sido formalizada por los delitos contra la vida privada y la privacidad de las conversaciones.