"Aquí se requiere una modificación y regulación cuanto antes, más allá de la investigación que se dé respecto a estos hechos, para solucionar la problemática de fondo que es, un mercado más regulado", señaló el diputado Raúl Soto.

El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, advirtió que "este mercado sufre de anomalías de integración", subrayando que "las mimas empresas son dueñas de los puertos de gasificación gaseoductos. Además son socios entre ellos, esa es la verdad".

Entidad sugirió prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución minorista del recurso, es decir, la venta directa a consumidores. Esto, con el fin de bajar los precios.

Ediles recurrirán a las comisiones de Hacienda y Economía de la Cámara de Diputados, para buscar apoyos e instalar una comisión investigadora sobre esta situación.

FNE indicó que la operación no sólo no genera riesgos para la libre competencia, sino que produciría un efecto de desconcentración en el mercado, pues el Grupo Warner Media también es dueño en Chile de CNN Chile y TNT Sports.

Adicionalmente, se buscará poner en marcha un programa de seguimiento y apoyo a denunciantes y aportantes de información en casos de colusión que así lo requieran.

Los parlamentarios de oposición piden a la Fiscalía Nacional Económica que se indague respecto a las cadenas de farmacias y supermercados en cuanto al aumento del valor de mascarillas, alcohol gel y otros elementos de primera necesidad. Asimismo, se solicita investigar una posible colusión de precios.

El Estado destina unos U$S 50 millones a compras de las publicaciones que van a parar a las aulas del sistema público y particular subvencionado. Los nombres de las editoriales favorecidas se repiten, empresas que en la educación privada incluso llegan a cobrar hasta 40 veces más a los apoderados por el mismo libro. Acá sacamos al pizarrón a un modelo al que se le acusa de torpedear la competencia entre oferentes y provocar una alta concentración, en desmedro de un interés por contenidos que año a año solo conocen de uno que otro cambio.

"El Estado debe jugar un rol más activo en el tema de los textos escolares, asegurándose que su valor privado, el que no es comprado por el Ministerio, tenga un precio tope que no puede ser 40 veces más del que compra el Estado", sostiene el presidente de la organización gremial, Mario Aguilar.

La Fiscalía Nacional Económica recomendó el ingreso de nuevas editoriales al sistema de textos escolares en el sector público y privado, para así «bajar los precios»