Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la niña de 7 años, su madre y su abuela “fueron detenidas por funcionarios de la PDI, el 7 de enero en Ercilla, sin cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.
Personeros del INDH se reunieron con la familia Catrillanca, comunidades mapuche, la fiscalía y las policías, tras lo cual emitieron una declaración, en la que explicaron los alcances de su visita.
Organismo internacional pidió garantizar que sus condiciones de detención sean conformes a los estándares previstos en las Reglas Mandela y la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.
Tribunal estimó que la "divulgación pública de la información solicitada podría eventualmente favorecer acciones de contrainteligencia sobre los órganos integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado".
"Cada vez que el Estado guarda silencio ante el ataque a Sitios de Memoria, está incumpliendo los compromisos internacionales del Estado de Chile", afirmó Karen Cea, representante de la Red de Sitios de Memoria.
Instituto ya constató la existencia de potenciales afectaciones al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, producidas por la expansión de la industria forestal y celulosa.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado que la actividad industrial portuaria afecta al ecosistema del humedal, que ha sido nominado como sitio de importancia mundial de aves migratorias.
Víctimas resultaron con lesiones de diversa consideración, luego de que funcionarios de Carabineros irrumpieran en el inmueble, donde se celebraba un cumpleaños, agrediendo a quienes se encontraban en el interior.
