Iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se hicieron varias críticas respecto a los recursos que se necesitan para sostener la política.

El parlamentario anunció que junto a la senadora Yasna Provoste ingresarán una Reforma Constitucional para prohibir a los Presidentes hacer licitaciones en los últimos tres meses del mandato.

Dentro de lo negativo, se consignan las amenazas y amedrentamientos a activistas ambientales y periodistas, recordándonos que Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para las y los defensores de los derechos humanos y de la Naturaleza.

El accionista minoritario de LATAM, Jorge Said Yarur, arremetió contra plan de reestructuración de la empresa, en desmedro de accionistas minoritarios, denunciando además historial de cohecho de sostenedores. Entre los tenedores de bonos de que serían perjudicados por la restructuración de LATAM se encuentran las AFPs. El movimiento No + AFP, realizó una denuncia por este hecho, señalando que LATAM debe más de US$500 millones a las AFP. Luis Mesina, su vocero, añadió que "se desconoce aún el real impacto en los fondos de pensiones."

En la inauguración del recinto, Piñera afirmó que sus instalaciones "no tienen nada que envidiar a ningún otro (hospital) del mundo". Sin embargo, los funcionarios afirman que ya son varios los problemas que se han detectado durante este mes.

Esta sería la segunda prórroga que solicita Piñera al Congreso. El pasado 9 de noviembre, la instancia aprobó la renovación de la medida de emergencia, la ha sido rechazada por organismos defensores de derechos humanos.

Datos tendrían relación con otros 11 proyectos mineros en los que presuntamente habría invertido la familia del Mandatario.

Iniciativa debía contar con el respaldo de 2/3 de los parlamentarios en la Cámara Alta para ser ratificada, pero ya fue rechazada por 15 senadores, por lo que matemáticamente no alcanza los 29 necesarios para su aprobación.

Parlamentarios ya acordaron revisar la acusación constitucional contra el Mandatario el próximo martes 16 de noviembre. Si se le declara culpable, será destituido y no podrá ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años.

Iniciativa implicaba cambios en el estatuto docente, la titularidad docente y la consagración legal de las vacaciones de invierno, entre otras medidas. Había sido aprobada el 9 de septiembre en el Congreso.