La parlamentaria solicita que Gendarmería informe sobre la filtración de un video institucional a la prensa y explique si se realizó un sumario administrativo, "para mejorar los protocolos de seguridad cuando alguna autoridad quiera acudir a fiscalizar alguna situación".

“Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes” (Artículo 35 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 1793).

La decisión implica que tanto el presidente Boric como la Contraloría General de la República deberán concurrir al tribunal dentro de los próximos 10 días para pronunciarse sobre la materia. Una vez escuchados los alegatos de todas las partes, el TC debatirá y emitirá su pronunciamiento.

Consultada la vocera de Gobierno por esta posibilidad, respondió con un enfático “no”, sin dar mayores detalles. También se refirió al caso de Luis Castillo.

"Es un circo mediático que han hecho. La verdad es que la reacción de ellos no me sorprende, lo esperaba", afirmó Maribel Gaete, madre de Bastián Campos.

El mandatario entregó el decreto a Gendarmería durante la mañana de este viernes. La decisión de Boric se da en medio de las negociaciones con la oposición para sellar un acuerdo de seguridad antes de fin de año.

Entrevista realizada por la revista Tejer a Raúl Zibechi en el marco del lanzamiento del libro “Estados para el despojo: del Estado Benefactor al Estado Neoliberal Extractivista”, escrito junto a Decio Machado, y publicado en Chile por Editorial Quimantú. La actividad se realizó en el Espacio Laura Allende, el pasado sábado 29 de octubre (Santiago de Chile).

Los senadores Matías Walker y Ximena Rincón ya anunciaron su rechazo al proyecto.

"Dada esta situación hemos decidido volver a salir a las calles, a juntarnos con las personas que nos han apoyado todo este tiempo", aseguraron desde la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta.

Junto a un grupo de organizaciones sociales, la Comisión interpeló a los tres Poderes del Estado para que "cada uno de ellos, en el marco de sus atribuciones, cumpla con sus obligaciones y enfrente debidamente la grave situación que afecta a los presos de la revuelta social y a los cientos de jóvenes formalizados que se encuentran a la espera de la dictación de una sentencia".