El diputado socialista acusó a José Antonio Kast de relacionarse con Francisco San Martín, formalizado por liderar una red criminal, y exigió al Partido Republicano transparentar sus nexos.

Es evidente que lo que llevó a la victoria del actual gobierno no se cumplió, pasó el tiempo y fueron quedando en el camino absolutamente todas las manifestaciones de rebeldía. Absolutamente ningún gesto que fuera orientador para avanzar en cuestiones más de fondo.

La presidenta del Partido Socialista anunció hoy su decisión mediante una carta, tras enfrentar críticas internas por el bajo respaldo en las encuestas y el riesgo de dividir al Socialismo Democrático.

Hace unos días nos enteramos por la prensa casi como si fuera una noticia de relleno, que la ministra de Defensa chilena, Maya Fernández, tuvo un encuentro con destacados generales norteamericanos, una reunión en que el Comando Sur de Estados Unidos reafirmó su “cooperación” con Chile en materias de seguridad y otros temas estratégicos para la defensa y el ataque del país.

Los diputados Juan Santana y Daniella Circardini calificaron de "graves" las denuncias contra el senador por Atacama, a quien se descubrió desviando agua del río Copiapó para venderla a una empresa minera de la región.

Un estudio realizado por el CEP da cuenta del predominio de posiciones de derecha al interior del Consejo Constitucional. Desde Republicanos y Chile Vamos incluso lograron eliminar artículos del anteproyecto redactado por los expertos, tales como el derecho a la integridad personal y el deber de proteger el medioambiente.

La aprobación de la enmienda que consagra el rodeo como deporte nacional desató una ola de críticas en el oficialismo, desde donde han acusado al Partido Republicano de "pasar máquina" al interior del Consejo Constitucional.

El senador socialista criticó duramente a la oposición por haber leído la declaración de 1973 que acusaba la "inconstitucionalidad" del gobierno de Salvador Allende.

Desde 1990 las Fuerzas Armadas y Carabineros disfrutaron de autonomía operativa (garantizada por su Ley Orgánica Constitucional, pero que estaba en contradicción con la propia Constitución) y de impunidad por sus nuevas violaciones de derechos humanos.

La Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) acudió este lunes al Tribunal Constitucional para intentar frenar la ley que pena con cárcel los delitos de corrupción, colusión, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito. Desde el Gobierno han manifestado su molestia ante el intento de anular por secretaría un proyecto que fue discutido durante tres años en el Congreso Nacional y despachado con acuerdo transversal.