Presiones indebidas a jueces:  El oscuro rol que ejerció Luis Hermosilla en juicio contra Machi Linconao y comuneros mapuche

El escándalo por filtraciones

Las filtraciones de datos confidenciales, realizadas por Sergio Muñoz mientras ocupaba el cargo de director de la PDI, han desencadenado una serie de cuestionamientos sobre la integridad de la institución policial y la posible connivencia con intereses políticos y empresariales. Según diversas fuentes, Muñoz habría proporcionado información reservada al abogado Luis Hermosilla, quien a su vez tiene vínculos estrechos con Andrés Chadwick, socio del bufete de abogados donde ambos trabajan.

En este entramado de corrupción, el caso Dominga emerge como uno de los puntos focales de las investigaciones. Como señala el reportaje de Nicolás Sepúlveda para Ciper Chile, las filtraciones incluyen información sensible sobre la compraventa de Minera Dominga, empresa en la que estaban involucrados miembros de la familia del ex presidente Sebastián Piñera, lo que pone en tela de juicio la imparcialidad y la transparencia de las investigaciones judiciales.

Las implicaciones de estas filtraciones van más allá de simples actos de corrupción, alcanzando a figuras políticas de alto nivel. El exministro del Interior, Andrés Chadwick, se encuentra en el centro de la polémica, siendo señalado como receptor de información privilegiada sobre el caso Dominga. Según lo revelado, Chadwick habría recibido datos confidenciales sobre esta investigación mientras su primo, Sebastián Piñera, figuraba como imputado en el caso.

El historial que sigue sumando Luis Hermosilla

Cabe recordar, que el abogado penalista Luis Hermosilla, aparece en un escándalo noticioso luego de una información publicada este martes por el portal de investigación Ciper que reveló una serie de audios donde Hermosilla menciona el pago de coimas a funcionarios de estos organismos, en el marco de la indagatoria que lleva esta última entidad contra la empresa de factoring Factop y la corredora de bolsa STF, por operaciones irregulares.

El reportaje también hace ver sus amplios vínculos con los sectores de la política y empresarios. Desde su relación cercana con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, hasta abogado favorito de sectores exclusivos del poder político empresarial.

Sin embargo, su entramado venía de mucho antes. Su nombre ya había asomado en causas contra personas mapuche, entre ellas la Machi Linconao y 10 comuneros acusados en el denominado caso Luchsinger Mackay.

Luis Hermosilla en causas contra personas Mapuche

Luis Hermosilla fue anunciado en la salida del segundo gobierno de Bachelet y los inicios del segundo gobierno de Sebastián Piñera, ingresando como abogado del ministerio del interior al caso Luchsinger Mackay. El jefe jurídico de aquel entonces del Ministerio del Interior, Luis Correa Bluas, comunicaba a la prensa el 27 de febrero del 2017:  “por instrucción del ministro (Mario Fernández) solicité al tribunal la delegación de poder de los abogados (Luis) Hermosilla y (Juan Ignacio) Urrutia”. Así, el primero de éstos últimos se sumó como asesor externo del nuevo mandato.

Luis Hermosilla, expresaba en La Tercera que “esta es una causa de gran conmoción no sólo en la región de La Araucanía, sino que a nivel nacional y me han pedido que asuma la representación de la intendencia en nombre del próximo gobierno”. 

Sin embargo, correspondía a la segunda vez que Hermosilla representaría el caso desde el Ministerio del Interior, tras haber participado, durante el primer periodo de Piñera, en el proceso que sentenció al primer condenado, por la muerte del matrimonio en 2013.

Cabe consignar que la persecución penal a numerosas personas mapuche, se basó en declaración de José Peralino Huinca, uno de los acusados, que involucró a 10 imputados e, donde se incluyó a la machi Francisca Linconao Huircapán. Sin embargo, esta versión, se obtuvo por medios coercitivos, bajo apremios ilegítimos y torturas, según afirmó el propio “testigo”.

En junio del 2018, sobre el segundo juicio, se informaba: “El último juicio político del caso Luchsinger Mackay se basó en su sentencia en la supuesta  confesión que hizo José Manuel Peralino Huinca inicialmente como testigo protegido. Con esa declaración era posible afirmar la existencia de una reunión previa entre los comuneros mapuches para coordinar el supuesto ataque en la granja Lumahue del matrimonio Luchsinger y vincularlos directamente con su muerte (…) Sin embargo, lo que hasta ahí la Fiscalía manejaban como el piso de su acusación fue desmentido más tarde por el propio Peralino en el Tribunal, denunciando presiones, amenazas y torturas por parte de los policías. Pero desde  la Fiscalía se negó cualquier apremio y mantuvo la veracidad de la primera declaración hasta el final, única prueba para sostener su tesis de conspiración y coordinación de los acusados, lo que nunca se demostró”, se informaba desde prensa mapuche.

Sin embargo, los hechos irregulares en dicha persecución judicial mientras Luis Hermosilla era abogado del Ministerio del interior no quedaba ahí, también se vio involucrado en denuncias por presiones indebidas.

Presiones indebidas a jueces

La Corporación Humanas emitió un llamamiento urgente al Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la independencia de magistrados y abogados, centrando la atención en Luis Hermosilla, abogado representante del Ministerio del Interior en el caso del juicio contra la Machi Francisca Linconao y otros diez comuneros mapuches en Chile. Fechada el 25 de abril de 2018, la comunicación detalla las denuncias de amenazas e intervenciones indebidas dirigidas a la jueza integrante del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, encargado del juicio conocido como el caso Luchsinger-Mackay, que involucra a la autoridad espiritual tradicional del Pueblo Mapuche y otros acusados de delitos contemplados en la Ley Antiterrorista.

El contexto del caso se remonta al 30 de marzo de 2016, cuando once comuneros mapuches fueron detenidos en la comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía, en el marco de la operación «Lumahue». Tras una serie de acontecimientos legales, la Machi Linconao enfrentó períodos de prisión preventiva y arresto domiciliario, lo que desencadenó una huelga de hambre en diciembre de 2016. Finalmente, el tribunal dictó una sentencia absolutoria para todos los imputados el 14 de noviembre de 2017, pero posteriormente, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó un nuevo juicio.

El segundo juicio comenzó el 26 de febrero de 2018, marcado por irregularidades y presiones. El principal testigo de la Fiscalía, José Peralino Huinca, se retractó de sus declaraciones iniciales, alegando presiones y torturas de la Policía de Investigaciones (Pdi). Además, se evidenciaron falencias en la recolección y presentación de pruebas por parte de la Fiscalía, lo que cuestiona la imparcialidad del proceso.

La situación se agrava con la licencia médica presentada por la jueza Ximena Saldivia, integrante del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, justo antes de dictar el fallo del caso.

La prensa informaba sobre tensiones y episodios de interferencia durante el juicio, incluyendo presiones hacia la jueza por parte del abogado del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla. Estos eventos, sumados a declaraciones políticas que sugieren una intromisión en la independencia judicial, generaron serias dudas sobre la imparcialidad del proceso.

En respuesta a estas preocupaciones, la Corporación Humanas solicitó al Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos investigar las presuntas injerencias y presiones sobre la jueza Saldivia, así como expresar su preocupación por la situación.

Estos acontecimientos, fueron considerados como una grave violación de los principios del debido proceso y la independencia judicial, socavando los derechos fundamentales de los acusados, incluida la Machi Linconao, y poniendo en entredicho la integridad del sistema judicial en Chile.

Cabe consignar, que mientras Luis Hermosilla fue activo abogado y asesor en el Ministerio del Interior, ocurrieron diversos hechos relacionados a operaciones contra personas mapuche, incluyendo el asesinato de Camilo Catrillanca, razón por la que más tarde fue acusado constitucionalmente Chandwick y su defensor fue, el propio Hermosilla.

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