La acción judicial se suma a la determinación de la Superintendencia de Medio Ambiente, que aplicó a Arauco una multa superior a los $4 mil millones, sin embargo, la infracción se mantiene en disputa en el Tribunal Ambiental de Valdivia.

“El conflicto de La Araucanía continúa y para poder restablecer las confianzas y que el Gobierno cumpla con su rol de darle tranquilidad a la ciudadania y, por sobre todo, a las comunidades mapuche, es que creemos que lo mejor es que el Presidente le pida la renuncia al ministro del Interior”, planteó Miguel Crispi.

“La principal razón de la nulidad es esta obtención ilegal de pruebas, que nosotros somos bien categóricos en señalar que esta prueba no nos da antecedentes respecto de que Facundo hubiera estado ese día en el incendio, ni siquiera tiene relación con los hechos específicos que se le atribuyen”, afirmó la abogada Karina Riquelme.

En su primera declaración pública, 17 horas después del asesinato del comunero, el ministro de Interior vinculó la muerte del joven mapuche a “hechos de violencia”.

Los representantes regionales acusan ilegalidad en una decisión tomada por Rubilar, referida al despido del secretario ejecutivo del CORE Metropolitano, Jorge Caro.

Aún no se determina el origen del estallido. Los primeros antecedentes indican que ocurrió en un paradero del Transantiago, ubicado en la calzada que se dirige hacia Plaza Baquedano.

“Somos ‘falsos honorarios’, no independientes como se quiere mostrar, realizamos el mismo trabajo que cualquier funcionario, en situación de dependencia de nuestros empleadores, cumplimos horarios y responsabilidades, pero no tenemos ni las más mínimas garantías en materia de derechos laborales”, señalaron desde la UNNTHE.

Entre los aspectos positivos: el Premio Internacional de Derechos Humanos para Rodrigo Mundaca. Dentro de lo negativo: la intoxicación masiva en Quintero y Puchuncaví.

En 2015, Cuprum se fusionó con Argentum, administradora que nunca tuvo “un peso de cotizaciones, jamás pagaron una pensión, no tenían oficinas, no tenían plan de negocios, no tenían funcionarios, es decir, no existían”, según explicó el senador Alejandro Navarro.

El comisario Rodrigo Pizarro, de la Brigada de Homicidios de la PDI, dijo que “se queda a la espera de los resultados de la autopsia para ratificar la hipótesis policial. Se realizan las diligencias investigativas para establecer fehacientemente cómo sucedieron los hechos y quiénes son los presuntos responsables”.