El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) comenzara, en mayo, a oficiar a diversos organismos que se pronunciaran sobre el proyecto minero Dominga, que requiere una inversión de 2.500 millones de dólares.

El TC señaló que lo expuesto en el requerimiento supera las implicancias de que el organismo declare a estas agrupaciones como inconstitucionales, atendiendo al tenor de los hechos es un tema de competencia de la justicia penal.

“Lo que ha hecho la derecha es impresentable y lo fundamental es cómo uno les va a creer, que tienen voluntad de cambio, ofrecen reformas constitucionales, llegar a los 4/7, que son democráticos, si a la hora de dar respuesta a la gente que está sufriendo, anteponen sus intereses personales. La derecha no es creíble en materia de seguridad, y tampoco es creíble ni confiable respecto a reformas constitucionales”, señaló el parlamentario Jaime Araya (PPD).

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, señaló que los pagos deberían concretarse a partir del 16 de agosto, no obstante, aseveró que el calendario será publicado en el sitio web del Instituto de Previsión Social.

La Corte Provincial de Imbabura, Ecuador; apunta contra el megaproyecto Llurimagua, que busca explotar más de 200.000 toneladas de cobre al año con una vida útil de hasta 27 años, en un ecosistema frágil y que cuenta con especies en peligro.

"Este acuerdo debe hacerse de cara a la ciudadanía, escuchándola, de un modo transparente y otorgándole al país la certeza de que, cualquiera sea el resultado del Plebiscito, no vamos a permitir el estancamiento ni el retroceso; muy por el contrario, vamos a asegurar la viabilidad de los cambios y las transformaciones", afirmó Raúl Soto (PPD).

"Acá se ha dado una señal clara, importante, de cumplimiento con la normativa ambiental. Se ha señalado con claridad la importancia de que estudios de esta envergadura, de esta magnitud, sean ingresado a través de estudio de impacto ambiental y no a través de declaraciones de impacto ambiental y eso justamente, va dando seguridad también para las inversiones", señaló el delegado Presidencial, Raúl Allard.

Aunque La Tercera resalta los 17.359.191.000 de pesos que habría gastado la Convención Constitucional en diez meses para ejercer sus labores de redactar la nueva Carta Magna, esta cifra representa apenas el 12,8 % del presupuesto asignado este año al Congreso.

Tras el alza de los precios de la Canasta Básica, expertos consideran que podría registrarse un aumento en los índices de pobreza, llegando a la cifra de 11,6%.

"Yo lo he dicho hasta el cansancio, ambas opciones son legítimas, lo importante es que se vote conociendo el texto, por eso nosotros vamos a poner a disposición de los chilenos y chilenas el texto. A algunos les salió la preocupación ahora de que no quieren que se impriman libros, dicen que por ecología. ¿Cuándo antes habíamos tenido un debate constitucional más democrático que este?", indicó el mandatario.