Desde CIMUNDIS aseguran que "lo que puede hacer el Estado para intervenir en la situación de discriminación y violencia de la población con discapacidad es irremplazable, por mucho que haya prevalecido el enfoque de la caridad, de la solidaridad".
Una treintena de ellos se habrían dado en la República Centroafricana, y los otros en República Democrática de Congo (RDC), Haití, Costa de Marfil, Sudán del Sur y Mali.
La Embajada de Marruecos ha presionado a varios diputados para impedir que el Congreso reiterara su postura de apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui, y solicitara nuevamente al Gobierno reconocer a la RASD.