En el "Cuartel Terranova-Villa Grimaldi", la víctima recibió brutales torturas que fueron supervisadas personalmente por el criminal de lesa humanidad Miguel Krassnoff Marchenko.

Gabriel Boric, como figura que ha reivindicado el lenguaje de los derechos humanos y de la reparación histórica, tiene el deber político, ético y jurídico de indultar a Mauricio Hernández Norambuena. No hacerlo lo convierte en cómplice del mantenimiento de un orden represivo que criminaliza la resistencia popular y consagra la impunidad de los verdugos del pueblo.

Magistrada consideró que hay nuevos antecedentes que agravan la situación del exedil, por lo que su libertad "sigue constituyendo un peligro para la seguridad de la sociedad".

Caso conmocionó especialmente al país, pues salió en vivo y en directo por la televisión abierta, que a esa hora cubría las manifestaciones. A causa de la agresión, Moisés, de 55 años, sufrió fracturas, pérdida de dientes y daño ocular.

En tanto, la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que el sicario Alberto Carlos Mejía ya salió del país -por un paso irregular- en dirección a Perú.

La Asociación, cuyos fundadores son chilenos, tiene como objetivo dar una respuesta colectiva ética al avance de la instrumentalización del sistema de justicia con fines políticos que ha sido utilizado en contra de liderazgos progresistas y transformadores en América Latina.

La oficialidad de las Fuerzas Armadas debería estar formada por los mejores chilenos, no solo por quienes pueden pagar. Si los verdaderos líderes naturales del pueblo son marginados, no será raro que muchos caigan en la frustración, en el abandono moral, o en la tentación del dinero fácil.

El sistema alemán de interrupción del embarazo, citado como ejemplo por el gobierno chileno, impone restricciones, plazos y condiciones, lo que en la práctica limita el acceso al procedimiento.

La justicia australiana rechazó un nuevo intento dilatorio de Adriana Rivas, exagente de la DINA requerida por Chile por su responsabilidad en secuestros y desapariciones forzadas durante la dictadura, abriendo así camino para avanzar en su proceso de extradición por crímenes de lesa humanidad.

La negativa de la administración Trump a publicar los archivos y videos de Epstein no solo se hace para proteger a Trump, sino a la clase dominante. Todos pertenecen al mismo club.