La iniciativa busca que la Cámara fiscalice el cumplimiento de las funciones de vigilancia, control y fiscalización de las actividades pesqueras e industriales en las zonas costeras. Además, se evaluará la actuación de los servicios públicos involucrados antes, durante y después del trágico hecho, así como posibles negligencias, omisiones o faltas a protocolos que hayan comprometido el deber del Estado de proteger la vida humana en el mar.

Las declaraciones de uno de los controladores de Penta ante la Fiscalía abrieron un nuevo flanco en la investigación por posibles delitos de soborno, prevaricación y revelación de secretos que involucra al ex ministro del Interior, al penalista Hermosilla y al exfiscal Manuel Guerra, quien estuvo a cargo del caso Penta.

El incidente ocurrió durante una competencia en la medialuna de San Vicente de Tagua Tagua, donde tres jinetes agredieron a un hombre tras una discusión por la asignación de novillos.

Pese a los intentos por posicionarla como carta de unidad opositora, la senadora de Demócratas no cumple con los requisitos exigidos por el Servel para participar en las primarias presidenciales, dejando su candidatura fuera del juego por falta de tiempo y afiliaciones.

La escritora desde muy temprana edad comenzó a desarrollar un camino místico a través de la lectura de muchos libros, en que se entrecruzaron conocimientos perennes y contenidos tan diversos como los de la Biblia, del budismo, hinduismo, y temas esotéricos.

Recordemos, que Barriga enfrentará otra audiencia de formalización el próximo 15 de abril, por el delito de malversación de caudales públicos.

La resolución judicial permite a la Fiscalía avanzar hacia la formalización del suspendido fiscal regional de Aysén, investigado por supuestamente entregar información reservada de una causa por narcotráfico al abogado Luis Hermosilla.

El SEA emitió un informe con observaciones al desarrollo de 208 viviendas en Bahía Coique, mientras la Armada y vecinos alertan sobre posibles impactos ambientales por fallas en la planta de tratamiento de aguas servidas, operada por otra empresa del mismo grupo familiar.

La jefa jurídica de Segpres, Francisca Moya, admitió conocer la norma que inhabilitaba a Isabel Allende y Maya Fernández para firmar contratos con el Estado. Desde el oficialismo y la oposición han exigido su salida.

El fallo del Tribunal Constitucional contra la senadora por firmar un contrato con el Estado, marcó un antes y un después. La sentencia aún no está escrita, pero ya genera tensión en el mundo político, donde otros casos similares —desde arriendos a sociedades familiares con millonarios vínculos fiscales— podrían seguir el mismo camino.