Debemos tener presente que los vecinos opositores al proyecto, muy bien asesorados, le exigieron oportunamente a la DOM de Zapallar que, tanto los CIP como el permiso de anteproyecto eran contrarios a derecho, pero dicha funcionaria municipal, pasándose de lista, solo inició la invalidación de los primeros, a pesar de que su obligación era invalidar el anteproyecto, y, si no lo hizo, se debe investigar a fondo esta negligencia.

Ahora, la decisión de la ministra en visita deberá ser revisada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Caso se remonta a la noche del 19 de octubre de 2001, cuando Ricardo Harex González asistió al cumpleaños de un amigo y en horas de la madrugada se retiró, caminando hasta la estación de servicio Esso Market, ubicada en Diagonal Don Bosco en Punta Arenas, lugar desde donde desaparece hasta hoy.

En suma, nunca en la historia se mostró de manera tan clara, contundente e irracional el apoyo y la profunda complicidad, ya sea activa o pasiva, de las grandes potencias mundiales con un genocidio, pública y totalmente conocido, así como masivamente registrado.

Dentro su propuesta, el parlamentario planteó que "la gente que está siendo detenida debe pasar por la Policía de Investigaciones, ya que la PDI es la única que tiene vinculación con Interpol, y puede cruzar los datos para identificar a los detenidos".

El martes 5 de agosto la Corte de Apelaciones acogió recurso de amparo en favor de Luis Tralcal Quidel, ordenando a Gendarmería de Chile que respete sus beneficios carcelarios de salida controlada al medio libre. Sin embargo, Gendarmería se ha negado a cumplir cuatro resoluciones judiciales: “Esto por lo menos es un delito de desacato y próximamente presentaremos una querella por el delito de privación ilegal de la libertad”, señaló su abogado Sebastián Saavedra, presidente del Centro de Investigación y Defensa Sur.

Desde el sitio de memorias denunciaron que "en este caso la Corte actuó sin razón legal para hacerlo" y que el arresto domiciliario a represores implica incumplir la obligación internacional de sanción efectiva.

ODECU exige avances en la tramitación de una demanda colectiva contra Bayer/Monsanto que busca una compensación de $200 millones por cada persona que desarrolló cáncer tras la exposición al herbicida Roundup.

Alertaron que están en peligro la igualdad de condiciones, la transparencia y el cumplimiento de acuerdos, y criticaron la falta de diálogo efectivo y la imposición de la modalidad virtual, "que son parte de prácticas de racismo institucional", afirmaron.

La víctima fue objeto de una detención ilegal, secuestro, torturas físicas, psicológicas, y vejámenes, ras su participación en el paro de la Universidad de Tarapacá, registrado en Arica en 1986, durante la dictadura de Pinochet.

El tribunal arbitral condenó a Isidoro Quiroga pagar casi US$ 300 millones al grupo chino Joyvio, que lo acusa de haber vendido la salmonera Australis por un monto de US$ 921 millones, ocultando información crítica sobre una serie de infracciones ambientales y sobreproducción. El fallo establece un incumplimiento contractual y marca un hito por la suma de la indemnización.