"Es crucial que las instituciones respondan de manera efectiva y transparente ante este tipo de delitos ambientales. Ya no podemos seguir esperando y siendo testigos de una muerte agónica de nuestro lago día a día", afirmó el concejal de Villarrica, Raúl Landini.

El 25° Juzgado Civil de Santiago, acogió la demanda presentada de la afectada y ordenó al fisco a pagar una indemnización de $80.000.000 por concepto de daño moral.

La carpeta que habría sido vista por miembros del Ministerio Público, a lo largo de todo Chile, contiene diversos testimonios, peritajes realizados por el SML a la presunta víctima, así como varios documentos relevantes para la investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

El recurso de protección presentado por la abogada Ana María Watkins busca que la justicia "restablezca el imperio del Derecho" y deje sin efecto la acusación constitucional que destituyó a Sergio Muñoz de la Corte Suprema.

Ángela Vivanco fue destituida de la Corte Suprema el pasado 10 de octubre, luego de que se revelaran conversaciones entre ella y Luis Hermosilla. A juicio del máximo tribunal, la abogada afectó los principios de "independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia", además de "haber comprometido gravemente los cimientos del Estado de Derecho".

Existe un desequilibrio hecho a la medida de los intereses de EE.UU. y sus aliados para garantizar su hegemonía. Y es así con la mayoría de los organismos internacionales encargados de dar cumplimiento al denominado 'orden mundial regido por normas'.

La Ley Lafkenche, que protege los derechos consuetudinarios de pueblos originarios sobre territorios costeros, enfrenta una propuesta de modificación que comunidades y expertos critican duramente. Señalan que los problemas de la ley son administrativos, no legislativos, y alertan sobre los riesgos de alterar este instrumento crucial de protección y diálogo.

Según reciente reportaje de Ciper Chile, el INDH enfrenta la prescripción de 688 querellas por violaciones a los derechos humanos relacionadas con el estallido social mientras se revela la inacción judicial en muchos casos agravando la frustración de las víctimas que aún esperan justicia en procesos que no han avanzado en años.

Ocho militares fueron declarados culpables en un procedimiento abreviado por apremios ilegítimos en Temuco, tras detención y tortura de dos jóvenes durante el estallido social de 2019, cuyas sentencias que determinarán la pena que deberán cumplir se comunicará el 23 de octubre.

A cinco años de las masivas manifestaciones pidiendo dignidad y de la respuesta represiva de agentes del Estado, las víctimas y sus familiares continúan a la espera de justicia y reparación integral mientras la impunidad sigue primando en el país, dijo Amnistía Internacional en el aniversario del estallido social en Chile, compartiendo cifras escandalosas.