Desde el Módulo E denunciaron un allanamiento selectivo contra dirigentes y voceros, ocurrido dos días después de una visita del INDH y según el comunicado, Nicolás Ángel Marillán fue sacado esposado, aislado en una celda de castigo y mantenido en condiciones que califican como inhumanas, por lo que pidieron la intervención urgente del organismo y un recurso de amparo

Una renovada investigación interdisciplinaria revisita archivos fotográficos dispersos para cuestionar los estereotipos de representación histórica del pueblo originario en una velada abierta a la comunidad

La propuesta de Kast sobre una reforma a la Ley 19.253 para permitir arriendos e hipotecas de tierras bajo protección, generó un amplio rechazo en los movimientos indígenas. Desde la Red de Mujeres Mapuche recordaron que las restricciones sobre sus tierras no constituyen un privilegio, sino que fueron incorporadas "porque el Estado chileno reconoció una realidad histórica: durante más de un siglo, los pueblos indígenas fueron despojados de sus territorios mediante mecanismos legales, económicos y administrativos".

Denunciaron agresiones contra comunidades mapuche williche, y apuntaron al Estado y a la empresa Statkraft por su responsabilidad.

A través de una declaración pública, las y los comuneros rechazaron "la utilización política y la sobreexposición mediática" que actualmente se realiza en torno al Werken Jorge Huenchullán Cayul, asegurando que "distintos actores intentan agrandar artificialmente su imagen para instalar una sensación de éxito gubernamental y desviar la atención de la crisis estructural existente en la Macrozona Sur".

"En el operativo del pasado 6 de mayo el tribunal desestimó completamente las supuestas 'pruebas' presentadas por el Ministerio Público, negando las prisiones preventivas masivas y dejando a casi todos los comuneros bajo medidas cautelares menores debido a la falta de solidez técnica", por lo que, señalaron desde la comunidad, "sabiendo que judicialmente volvían a fracasar, en el allanamiento del 14 de mayo optaron conscientemente por una estrategia política distinta: no detener a nadie y limitarse a sembrar evidencias falsas en el territorio".

Profesional señaló que a ninguno de los acusados se les hizo alguna diligencia de corroboración de participación, como por ejemplo, la exhibición de sus fotografías a testigos o pericias de geolocalización y georreferenciación. Además, fueron detenidos por separado, casi 7 horas después de ocurridos los hechos y algunos de ellos, a 40 kilómetros de distancia de donde sucedieron los ataques incendiarios por los que se les acusa.

Abogada defensora María Rivera y Ernesto Llaitul, vocero y hermano de uno de los acusados, denunciaron que el proceso constituye una operación de persecución política contra comunidades mapuche y militantes vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), señalando que ni la fiscalía ni los querellantes tienen alguna prueba directa que inculpe a los acusados.

Se trata de la tesis doctoral "El poder textil de las mujeres del Ngulumapu", desarrollado en el Doctorado en Estudios Interculturales de la U. Católica de Temuco. El trabajo, liderado por la Dra. Susana Chacana, nace a partir de años de investigación en las colecciones de textiles que custodia el Museo Regional de la Araucanía y del vínculo directo con las tejedoras mapuche. El libro cuenta con una versión digital de acceso abierto.

Comuneros y comuneras se reunieron en la localidad de Weketrumao, comuna de Quellón (Chiloé) donde además de abordar la contingencia de la Ley Lafkenche, analizaron lo que ocurre con la Ley de Biocombustibles, legislación que también denominaron como inconstitucional, pues -afirmaron- "según lo que establece el artículo quinto inciso segundo de la Constitución Política chilena, en ambos casos se debió hacer la respectiva consulta indígena, lo cual no se hizo".