“Pareciera que el gobierno entró a un libre mercado en política, y algo compró o algo vendió" , disparó el senador Iván Flores, mientras que desde la Mesa Nacional y la Juventud del PPD manifestaron su repudio al acuerdo, advirtiendo que condena a generaciones de chilenos "a ver cómo el Estado de Chile tendrá menos recursos para financiar derechos sociales"

El gobierno pide sacrificios a trabajadores y trabajadoras, pero en la parte alta del Estado sus autoridades y asesores se suben los sueldos por millones. La austeridad que prometían contra los privilegios terminó siendo, otra vez, para el pueblo.

Senadora Beatriz Sánchez (FA) anunció que "vamos a levantar la mejor propuesta para llevar esta iniciativa al Tribunal Constitucional, porque vemos que hay vicios de inconstitucionalidad en el proyecto que vamos a estar votando el próximo 15 de julio". En tanto, el senador DC Iván Flores sentenció que "el PPD se vendió (...) no sabemos cuál fue el precio".

Lo que el proyecto hace es exactamente lo contrario: a 25 años de certeza fiscal para las empresas más grandes del país no corresponde ninguna obligación de identificar, prevenir ni reparar impactos sobre trabajadores, comunidades o medio ambiente. El Estado garantiza, pero no exige.

El episodio más grotesco ocurrió en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, cuando el Ejecutivo ingresó indicaciones de última hora —incluso modificaciones sobre la marcha— para una norma relacionada con la devolución de gastos en casos de revocación de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Los senadores Alfonso De Urresti (PS) y Andrés Celis (PPD) no dudaron en calificar la situación como una "improvisación tremenda" y una muestra de la "incapacidad de lograr acuerdos" por parte del ministro Quiroz.

Empezar otra vez no es haber olvidado. Es haber elaborado y, aun así, sabiendo todo lo que sabemos, volver a apostar. Volver a enamorarse, que es lo más valiente que hace cualquiera, y para muchos de nosotros la única manera de encontrarse con la alegría.

El senador Diego Ibáñez (FA) denunció que el ministro de Hacienda Jorge Quiroz recurrió a “triquiñuelas” para torcer el derecho público en beneficio de los inversores y alertó que la megarreforma establece una trampa para que los proyectos que vean anulada su RCA reciban una compensación económica del Estado, lo que, a su juicio, constituye una falta a la Constitución

La diputada Tatiana Urrutia (FA) planteó que el Gobierno deberá responder "todas las preguntas que en su momento se negó a contestar" y recalcó que el caso trasciende la disputa política, ya que Steinert "se inmiscuyó en una investigación vinculada al crimen organizado"

Jamenei encarna la continuidad política de la Revolución Islámica de 1979, encabezada por el Imam Jomeini, al cual sucedió, pero también la adaptación de Irán a un escenario de guerra híbrida, sanciones económicas, cerco mediático, sabotajes, asesinatos selectivos y amenazas militares permanentes.

"El ministro Quiroz, cuando se sienta a negociar en el Senado, señala que no va a cambiar un ápice el corazón de la reforma. Eso no es querer negociar", planteó el parlamentario socialista desde el Congreso.