Documento, emitido por cuatro mecanismos de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, expone graves antecedentes relacionados con contaminación, deficiencias en la calidad del agua, cortes prolongados de suministro, afectaciones ambientales y riesgos sanitarios en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos.

En Chile, la presencia de este tipo de fármacos en espacios de comercio informal constituye una infracción sanitaria por representar un serio riesgo para la población. Por ello, los especialistas insisten en la importancia de no adquirir medicamentos fuera de los canales establecidos y de seguir siempre las indicaciones de los profesionales de la salud.

Legisladores de la Comisión de Salud del Senado citarán a la ministra May Chomalí para que explique el alcance del Decreto N°333 de Hacienda, que reduce recursos a Fonasa, hospitales GRD y atención primaria. Además, acusaron que el Gobierno "les mintió en la cara" y advirtieron que "los chilenos no pueden pagar con su salud las rebajas tributarias para los superricos".

"Lo ocurrido durante el estallido social fue ampliamente documentado por organismos nacionales e internacionales: existió un uso desproporcionado de la fuerza, con más de 450 víctimas de trauma ocular y graves vulneraciones a los derechos humanos", señalaron las y los diputados en una declaración pública, enfatizando en que la absolución del excarabinero constituye "no solo una decisión judicial cuestionable, sino una forma de impunidad normativa".

Por su parte, la senadora Karol Cariola afirmó que esta medida "solo afecta a quienes se atienden en la salud pública. Es inexplicable que un Gobierno que dice estar comprometido con la gente finalmente le esté dando la espalda a los más pobres de nuestro país". Disminución de recursos en el Ministerio de Salud asciende a $413.193 millones e impacta en mayor medida a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, cuyo presupuesto se destina a la red de hospitales públicos de Chile.

Organizaciones socioambientales y agrupaciones territoriales de Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel, cuestionaron que empresas como ENEL, AES y ENGIE no hayan implementado planes de cierre, abandono y desmantelamiento asociados a las Resoluciones de Calificación Ambiental de las centrales que dejaron de operar en distintas comunas de Chile.

La iniciativa, a desarrollarse en este primer semestre de 2026, es gratuita y tiene como objetivo principal la formación y organización sindical de las y los trabajadores pertenecientes a esta área laboral, a través del estudio y discusión en torno a los diversos temas y problemáticas que se presentan en ella.

A través de testimonios, registro fotográfico, e investigación territorial, la obra aborda la historia y evolución de este tradicional barrio ferroviario de la ciudad de Coquimbo, consolidado durante el siglo 20 por trabajadores de Ferrocarriles del Estado. La obra fue presentada como segundo volumen de la serie "Relatos de Barrios", perteneciente a la editorial de la U. de la Serena.

"Reducir el valor de la investigación científica, humanista y filosófica a su rentabilidad inmediata es una señal inequívoca de oscurantismo. Las sociedades modernas no avanzan únicamente produciendo mercancías; avanzan desarrollando conocimiento, pensamiento crítico, innovación tecnológica y capacidades científicas".

La aplicación de la ley "Naín Retamal" eximió de responsabilidad al expolicía, al estimar el tribunal que su acción estaba justificada en la "legítima defensa", figura que -recordemos- fue modificada por esta nueva norma legal. De no haber existido la ley "Naín Retamal", Crespo habría sido condenado por apremios ilegítimos, tal como solicitaba la Fiscalía.