"Estamos ante la primera acción civil conocida a nivel nacional que busca enfrentar, en el propio plano institucional, el viraje jurisprudencial que en los últimos años ha puesto a las Cortes en línea con los intereses de las grandes inmobiliarias y propietarios de suelo, pervirtiendo el sentido protector del recurso de protección", señaló el abogado de las casi 1.700 familias del campamento, Gustavo Burgos.