“Las reformas constitucionales propuestas amenazan los derechos de los chilenos y ponen en peligro sus instituciones”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, al tiempo que advirtió que "no se ajustan ni intentan ajustarse a las obligaciones internacionales de Chile"

La denuncia presentada por el diputado Juan Santana apunta a las actividades desarrolladas por el operador político de la ultraderecha en Chile y las eventuales conexiones con el entorno de Kast, tomando en consideración que la Fiscalía todavía aún ha abierto una causa por estos hechos

A través de un requerimiento, 10 diputados de la oposición advierten a la CIDH que la reforma constitucional impulsada por Kast “es incompatible con un sistema democrático y pone en serio riesgo la protección de los derechos humanos”, por lo que le solicitan que se pronuncie

Víctima fue detenida en San Bernardo en octubre de 1974, siendo trasladada al centro de detención clandestina de la DINA conocido como ‘Ollagüe’, ubicado en calle José Domingo Cañas (Ñuñoa). Ahí fue encerrada e interrogada sobre las actividades y el paradero de su cónyuge, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), sufriendo apremios ilegítimos tales como golpes en distintas partes del cuerpo, quemaduras con cigarrillos, desnudamiento y aplicación de electricidad.

En medio de los despachos sobre esta noticia, desde la agencia EFE dieron a conocer un dato revelador: el actual ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Fujimori, Carlos Espá, trabajó 15 años (2008-2023) como director de Comunicaciones de la embajada de Estados Unidos en Lima.

El emplazamiento se suma a la denuncia presentada en 2025 por Manouchehri y Cicardini ante el Ministerio Público por presuntas redes de hostigamiento, desinformación y cuentas coordinadas vinculadas al Partido Republicano, acción que buscaba indagar eventuales delitos informáticos, asociación ilícita u otros ilícitos asociados a campañas digitales contra adversarios políticos.

Ya son 103 los líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos que han sido asesinados en 2026 en Colombia. "Nos duele que este sea el destino de quienes reivindican derechos frente a los grupos armados que son indolentes y crueles con la población inerme", declaró la Defensora del Pueblo, Iris Marín.

"El Sáhara Occidental es un territorio rico en fosfatos, pesca, hidrocarburos y otros recursos. Su ocupación bloquea la explotación de esos recursos por su población autóctona, mientras la corona se los ofrece a empresas multinacionales y a potencias extranjeras que están entrando a saco en el Sahara Occidental. Marruecos, con la connivencia de EE.UU., Israel, la OTAN y la Unión Europea, mantiene un escenario de guerra y ocupación para asegurar el control de esas riquezas".

Instrumentos ya completaron las principales etapas de su tramitación reglamentaria y fueron aprobados por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Su publicación quedó pendiente al ser retiradas del trámite de toma de razón ante la Contraloría, junto a otros 41 decretos ambientales, el 12 de marzo pasado, una vez asumido el actual gobierno de José A. Kast.

Desde La Pintana, la alcaldesa Claudia Pizarro calificó la situación como de "máxima gravedad": "Ya somos muchos los alcaldes que hemos sido amenazados por hacer nuestro trabajo, y vemos que la situación empeora cada vez más. Es inaceptable".