El proyecto propone algo que Chile tenía pendiente: reconocer al fútbol amateur como una actividad de interés público, valorando su función social, comunitaria y preventiva. También busca avanzar en estándares mínimos de seguridad, protocolos para enfrentar situaciones de riesgo, prevención de la violencia, transparencia y responsabilidades claras para quienes organizan las competencias.