A 17 años de la Ley 20.249, solo 13 de los 28 Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios aprobados operan en Chile (46%). La desidia estatal y la burocracia frenan su implementación, mientras las comunidades costeras exigen la efectiva protección de estos territorios de alto valor cultural y ecológico.

La columna de Elisa Loncón, destaca que el 5 de octubre enlaza el plebiscito de 1988 y la Ley Indígena de 1993. El primero fue una gesta democrática que recuperó la libertad. La segunda fue un paso legal pionero frente a injusticias históricas con los pueblos originarios. Hoy, estos avances se ven amenazados por la ultraderecha, cuyo modelo represivo y anti-derechos pone en riesgo la democracia y sus conquistas.

La extinción del pueblo Chono es puesta en duda por evidencia genética y cultural. Estudios de ADN, como el de Moraga (2013), identifican descendientes en Chiloé, como en Laitec a modo de ejemplo. Su legado pervive en diversas manifestaciones culturales, en la toponimia y embarcaciones. Mientras, el Estado no los reconoce, generando una paradoja frente a su herencia viva.

La contradicción del diputado Kaiser: se volvió uno de los principales promotores en el reconocimiento de un "Pueblo Huilliche" usando la Ley Indígena que promete derogar. Expertos y diversas comunidades Chiloé y de otros territorios del WiilliMapu, rechazan el proyecto, señalando que es una maniobra divisoria sin sustento histórico y que vulnera derechos.

La desaparición de Julia Chuñil, dirigenta mapuche y defensora ambiental, evidencia racismo estatal. Pese a una escucha donde el sospechoso dice “la quemaron”, la Fiscalía ignora la prueba, investiga la filtración y criminaliza a su familia. El caso contrasta con la investigación expresa y prioritaria de otros de similar gravedad, como el asesinato de Ronald Ojeda, revelando una justicia dual en Chile.

La Red de Mujeres Mapuche acusa violencia institucional en el caso Julia Chuñil y exige investigación imparcial, celeridad, cambio de fiscalía y reparación. “El Estado es cómplice y el silencio del gobierno es inaceptable”, señalan.

“El Ministerio Público ha relativizado y buscado una línea investigativa para inculpar a la familia, lo que es aún mucho más grave y ha sido discriminatorio cómo se ha actuado (...) Por lo tanto, aquí mucho tiene que decir y hacer el señor fiscal Valencia. De lo contrario, también será cómplice de esta situación”, indicó la diputada del Partido Socialista, Emilia Nuyado.

Manuel García publicó “Julia Chuñil presente”, tema dedicado a la defensora ambiental mapuche desaparecida hace 11 meses. El homenaje se convierte en denuncia y renueva el reclamo por búsqueda efectiva, verdad y justicia.

Con mandato de la CIDH sobre la mesa, el INDH incorpora la escucha telefónica y aprieta al Estado: investigación exhaustiva, todas las hipótesis y debido proceso, sin sesgos.

Tras la suspensión momentánea del proceso oficial en 71 localidades del sur, Elisa Loncón valora que el Gobierno escuchara a las comunidades y propone avanzar hacia una nueva institucionalidad indígena, con competencias y financiamiento, y un diálogo en el marco del Convenio 169, sin imposiciones.