Esta suspensión constituye un acto de mala fe, ya que se interpreta de manera torcida la voluntad colectiva de las comunidades y organizaciones mapuche, que no piden ajustes o más diálogo, sino el término definitivo de un proceso que irresponsablemente se apresuraron en implementar con el claro objetivo de cumplir una formalidad, marginando a buena parte del pueblo mapuche del proceso, sin anteproyecto de ley que definiera el alcance del nuevo sistema de tierras que se propone.