En el documento, firmado por Lidia Mendoza (vicepresidenta y tesorera) y Ruth Vilches (secretaria), la comunidad calificó estos hechos como un delito ambiental y cultural, y exigió la intervención de PDI, SAG y CONAF para investigar y sancionar a los responsables.“Con tristeza compartimos imágenes de vicuñas atacadas por cazadores furtivos para la obtención de su fibra. La protección de la vicuña no solo es un deber legal, sino también un compromiso ético y cultural que tenemos como pueblo andino”, señalaron en el comunicado.