"Finalizamos la erradicación y retiro de las 110 viviendas del campamento El Trébol. Ahora comenzaremos trabajos de recuperación y habilitación del espacio, para luego avanzar por etapas con la erradicación de los 3 campamentos restantes del sector", explicó el alcalde Tomás Vodanovic.

La expropiación de parte de la megatoma del Cerro Centinela volvió a tensionar el debate habitacional. En el Senado, el Gobierno defendió la medida como una respuesta excepcional ante una emergencia social.

Representantes vecinales expresaron su profunda preocupación y decepción ante la que calificaron como "sostenida falta de interés y respuestas concretas" del municipio a sus solicitudes y propuestas presentadas en una mesa de trabajo donde participan. Asimismo, advirtieron la urgencia habitacional que vive Macul y en específico, la situación de 160 familias que esperan una solución en una comuna que, aseguraron, lleva más de 30 años sin construir viviendas sociales.

Una de las beneficiarias, Yamilet Chandía, destacó el impacto futuro de este apoyo estatal: "Muy contenta porque igual yo tengo mis hijos y ya están grandes. Así que es un cambio de vida para ellos rotundo porque tanto lo esperábamos, así que feliz", expresó la vecina viñamarina.

La Municipalidad concretó demolición en Quebrada Las Zorras, lo que generó resistencia entre los pobladores.

"El Gobierno ha tomado una decisión frente a una situación muy compleja, generando una solución viable a través de las herramientas de la Constitución. La toma de San Antonio no es una toma cualquiera y un desalojo sin un plan integral podría generar una crisis humanitaria", señaló el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

En conversación con La Mañanera, Elizabeth Andrade, vocera del Movimiento Vivienda Digna, planteó que "el tema de los campamentos es la punta del iceberg de un problema", que responde a un déficit habitacional que no ha sido abordado por el Estado".

La candidata del PH por el Distrito 12 advierte que "nunca alguien del sector de derecha ha legislado para mejorar las condiciones laborales, económicas, de acceso a vivienda o salud, el derecho a descanso y expresión" y por ello propone bancadas transversales en salud, educación, vivienda, medioambiente y DD.HH.

Impulsado por Juan Ignacio Latorre, presidente de la Comisión de Vivienda, el Senado aprobó por unanimidad la extensión del Plan de Emergencia Habitacional hasta 2029, para dar continuidad a la construcción y entrega de viviendas sociales en todo el país.

El Pincoyazo revisó los 61 proyectos de vivienda aprobados por el MINVU entre 2024 y 2025 que exigieron aumento de ahorro familiar de hasta $6 millones en promedio como condición para subir el monto de subsidios estatales y así cubrir el alza del precio del suelo. Entre los beneficiados está el Grupo Patio, cuyo terreno aumentó a casi el doble su valor en solo 4 años y sin invertir un peso en él.